La Ley Integral de Ciudadanos (Cs) contra la Corrupción que se está tramitando en el ya incluye en su disposición final quinta la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito para autoridad o funcionario público, por lo que el portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados, Nacho Prendes, ha reclamado “su aprobación inmediata” tras conocerse que la Fiscalía General hace la misma propuesta.

“Apremiamos a la aprobación de la Ley de Ciudadanos contra la corrupción, que cubre un vacío, ya que dota a fiscales y jueces de instrumentos para acabar con la corrupción que hasta ahora no tenían”, ha manifestado. “Nos satisface que el Fiscal General coincida con Ciudadanos en la necesidad de introducir este tipo penal”, ha señalado Prendes, que ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que apoyen la Ley para que salga adelante.

La propuesta de Ciudadanos incluida en su ley Integral contra la Corrupción, señala que “la autoridad o funcionario público que, durante el ejercicio de su cargo, experimente un incremento de sus bienes o patrimonio, cuya procedencia no pueda ser acreditada en relación con sus ingresos legítimos, será castigado con pena de prisión de uno a tres años, multa e inhabilitación”. La ley recoge también la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, y extensión del decomiso a los bienes de los condenados por delitos de corrupción.

El portavoz ha recordado que la Ley Integral contra la Corrupción recoge también “la supresión de los indultos por corrupción política y la protección de los denunciantes, y no la protección de los corruptos como ha pasado hasta ahora en este país”.