La nueva norma anula algunos aspectos de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, adjudicando a las CCAA el régimen de control acerca de los sistemas de información de los mercados, entre ellos los oleícolas, en lugar de la Agencia de Información y (AICA), como se recogía en la Ley. De esta forma se incorpora la Sentencia por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el sobre las funciones de AICA en relación con estos controles.

En el Real Decreto se complementa el sistema de declaraciones obligatorias con un censo de instalaciones y operadores oleícolas obligados a declarar, con el fin de disponer de las mejores informaciones de sus mercados, potenciando su transparencia.

También se adaptan algunos aspectos de la normativa por la que se regula el potencial de producción vitícola, con el objetivo de completar la información que las CCAA deben comunicar en la aplicación de la misma.