Elena Collado manifestó que “somos conscientes de que para poder avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar del personal al servicio de nuestras Administraciones son necesarias acciones concretas y con reflejo normativo como las que se recogen en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no meras declaraciones de principios”.

El paquete social acordado con los sindicatos prevé una bolsa de horas recuperables de hasta un 5% de la jornada anual de los empleados públicos para el cuidado de mayores, hijos menores o discapacitados.

A esto se suma la posibilidad de regular jornadas intensivas cuando sea necesario para el cuidado de hijos menores de 12 años. Los PGE también recogen la quinta semana del permiso de paternidad para el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En materia salarial, el segundo acuerdo para la mejora del empleo público, plasmado en el Proyecto de Ley de PGE para 2018, relaciona por primera vez el incremento de sueldos a la marcha de la economía, lo que “hace partícipes y beneficiarios del crecimiento” a los empleados públicos, que “recuperarán poder adquisitivo”, destacó Collado.

El incremento para el ejercicio 2018 será de un 1,75%; en 2019, del 2,25% y en 2020, del 2%, con una subida acumulada fija de un 6,12%, que llegaría al 7,42% con un crecimiento del PIB igual o superior a 3,1% en 2018, y al 2,5% en 2019 y 2020.

Cada Administración puede destinar además un porcentaje adicional de su masa salarial para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones, del 0,2%, para 2018; del 0,25%, para 2019 y del 0,3% para 2020. A esto se une un 0,55% adicional el último año del periodo si se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que representa una subida salarial total del 8,79%.

Collado también mencionó “por su relevancia”, la subida salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “que inicia la senda hacia la equiparación salarial con el resto de Cuerpos de Seguridad”.

Empleo público

En materia de oferta de empleo público, Elena Collado manifestó que “se consigue la creación de empleo neto al aumentarse la tasas de reposición”, que llegarán para las administraciones públicas saneadas al 100% de las bajas más una bolsa adicional del 8% como refuerzo adicional de efectivos.

En el caso de las corporaciones locales que hayan cumplido los objetivos de déficit, regla de gasto y límites de deuda autorizados, se establecerá una tasa del 100% para todos los sectores así como una bolsa adicional del 10%. Y si en los últimos cinco años han tenido la obligación legal de prestar mayor número de servicios públicos por el aumento de su población, dispondrán de un 5% más de reposición de personal.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa será del 115%.

La secretaria de Estado explicó que “el proceso de estabilización de empleo interino regulado en la LPGE de 2017 se amplía “, extendiéndose a otros servicios públicos con las mismas condiciones y requisitos que los procesos ya aprobados. Se acuerda también la posible extensión de estos procesos de estabilización al ámbito de sociedades mercantiles públicas, fundaciones y consorcios y agencias.

Muface

Por otra parte, Collado se refirió a la novedad que supone el nuevo concierto suscrito por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) con las entidades de seguro, “que cumple con el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo mutualista y de la mejora de la calidad de la asistencia prestada”.

Tiene un periodo de vigencia de dos años, 2018 y 2019 e incrementa la prima en un 5,62%, lo que traduce en una inyección de presupuesto de 114 millones para un total de 2.191 millones de euros. Este convenio prevé atender la futura incorporación de unos 100.000 nuevos mutualistas, como consecuencia de los acuerdos para la mejora del empleo público de los dos últimos años y las nuevas ofertas.

Gobernanza pública

En materia de , la secretaria de Estado destacó el Tercer Plan de acción de de España 2017-2019 firmado en junio del año pasado, que tiene como objetivos principales potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, asegurar la cooperación interadministrativa y fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto.

A este respecto, explicó que el balance de ejecución hasta el momento “es satisfactorio, pues el 46% de las actividades contenidas en él ya están en curso y el 21% de ellas ya ha finalizado”, como la creación del Foro de Gobierno abierto, como espacio de diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil o la mejora del portal de Transparencia.

Administración digital

Finalmente, Collado hizo mención a la transformación digital de las administraciones públicas que está permitiendo “importantes ahorros y sinergias”.

Así lo demuestra, por ejemplo, el sistema FACE, punto de entrada de las facturas electrónicas para todas las AAPP que desde enero de 2015 ha tramitado más de 25 millones de emisiones electrónicas de facturas por un importe superior a los 121.000 millones de euros. También resulta destacable la Carpeta Ciudadana, que es una plataforma que permite el acceso a toda la información personal, el estado de tramitación de los expedientes, notificaciones y la información que ha presentado ante cualquier registro cualquier ciudadano.

A esto se suma la interconexión de registros de las administraciones públicas y la plataforma de intermediación de datos, que permite que el ciudadano no tenga que aportar documentos con los que ya cuenten las administraciones públicas.