​España considera que los asentamientos en territorios ocupados son ilegales según el Derecho Internacional, como señaló la resolución 2334 del , y que constituyen un obstáculo para la paz.

Asimismo, lamenta la inminente demolición de la comunidad de beduinos en Khan Al Ahmar tras haberse agotado todos los recursos en la vía judicial. Se trata de una acción que tendrá un duro impacto social en las comunidades afectadas y que afecta a una zona sensible en la perspectiva de una paz futura.

El Gobierno reitera su posición a favor de una solución de dos Estados y llama a las partes a reanudar las negociaciones de paz.