​La empresa ha demostrado estar comprometida con Venezuela, habiendo ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad.

La confiscación de la empresa, iniciada por el gobernador Omar Prieto, se realizó sin respetar las leyes de Venezuela y sin que existiese justificación que la fundamente. Además, incumple los compromisos adquiridos frente al .

Esta medida supone un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad. Además, representa una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país.

El hace un llamamiento a que se cumpla la legislación venezolana y cese la ocupación de la fábrica para que SM PHARMA pueda estar en condiciones de volver a ofrecer los medicamentos y productos farmacéuticos que necesita el pueblo venezolano.