La elección constituye un reconocimiento y una expresión de confianza en España y del compromiso de los poderes públicos y de la sociedad española con los derechos humanos. En el plano interno, la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales se ha convertido en principio inspirador y eje trasversal de las decisiones gubernamentales. En el ámbito internacional, la defensa y promoción de los derechos humanos, constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación española.

Como miembro electo del Consejo, España asume la responsabilidad de contribuir a mejorar la eficacia de la protección internacional de todos los derechos humanos. Todo ello bajo cuatro ejes: Derechos Humanos iguales para todos, Democracia y Estado de Derecho, Desarrollo Sostenible y Diálogo, Cooperación y Eficacia.

Las prioridades de España se centran en la defensa y promoción de la democracia y el Estado de derecho; en la protección de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales; la lucha contra la discriminación y contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio; y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.