​Actuaciones como estas ponen en peligro la búsqueda de una solución sostenible para el país a través del recientemente retomado diálogo nacional.

España hace un llamamiento a las partes para que perseveren en los esfuerzos por encontrar una solución dialogada a la crisis, para lo que es imprescindible la garantía del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y, entre ellos, el derecho a la manifestación y protesta pacífica.