​El Convenio, suscrito en , sustituirá, una vez entre en vigor, al firmado entre el Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía el 24 de mayo de 1979, que dejará de aplicarse respecto de las relaciones entre ambos Estados.

El nuevo convenio supone una actualización de determinados artículos, con el fin de adaptarlos a las actuales relaciones económicas y comerciales entre España y Rumanía, así como a los sucesivos cambios que se han ido produciendo en el de Convenio Tributario de la y en el marco del proyecto BEPS de la OCDE y del para luchar contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.

Con el tratado firmado, se pretende intensificar tanto la inversión rumana en España como la española en Rumanía, al tiempo que el Estado da un paso más en su compromiso de renegociar todos los convenios para eliminar la doble imposición que, tanto por el paso de tiempo como por las estrechas relaciones económicas que se mantienen con determinados países, necesitan adaptarse a las nuevas circunstancias.