El aprobó este viernes, a propuesta de la Ministra de Sanidad, y Bienestar Social, , la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, que se ha elaborado en colaboración con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el y los interlocutores sociales.

Según indicó la ministra Carcedo en rueda de prensa, la estrategia busca la cohesión y el progreso social, da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y contribuye a impulsar en España los principios del , así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Este plan se articula en torno a cuatro grandes metas: combatir la pobreza –especialmente la pobreza infantil–, mejorar la inversión social en las personas –mejorando la educación equitativa e inclusiva y la atención y empleo de los grupos vulnerables–, consolidar los servicios públicos –Sanidad, Educación, etc– y mejorar el acceso a la vivienda para combatir la desigualdad y, finalmente, un mejor control de la eficacia de las distintas políticas.

En palabras de Carcedo, se trata de un paquete de medidas que “profundizan en cohesión social” y tienen que ver con “la calidad de la democracia”, pues “para que podamos vivir en democracia es necesario que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades, puesto que partimos de los mismos derechos”.

Plan de retorno

Por lo demás, el Gobierno aprobó un plan de retorno a España, dotado con 24,2 millones para 2019 y 2020 y que aspira a atender a unas 23.000 personas. Entre otras medidas, contempla la puesta en marcha de una ventanilla única de retorno, un servicio de mediación laboral y un buscador de empleo. “Estas personas se marcharon cargadas de talento y formación, y se fueron en una buenísima proporción porque buscaban oportunidades que no encontraban en su país”, dijo la ministra portavoz, .

Inclusión financiera

Finalmente, la ministra de Economía, , dio cuenta de un real decreto que establece la gratuidad de las cuentas de pago básicas para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, puesto que “no hay inclusión social sin inclusión financiera”. Esta medida significará que los colectivos vulnerables pueden acceder sin coste a las cuentas de pago básicas para que no queden excluidos de los servicios financieros esenciales.