La prórroga de la declaración de sequía para las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar y Segura , que se extenderá hasta septiembre de 2017, se produce ante “la previsión de que se mantenga la actual situación” de falta de lluvias, ha apuntado la vicpresidenta del Gobierno en funciones, . Esto podría provocar “acusados problemas para el suministro de agua, tanto para abastecimientos a poblaciones como para explotaciones agrícolas y ganaderas”.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno permitirá “llevar a cabo medidas excepcionales” como, por ejemplo, movilizar agua de las desaladoras o acometer diferentes inversiones.

Obras en las desaladoras I y II

Sáenz de Santamaría ha señalado que, fruto de este compromiso, se iniciarán obras de emergencia para conectar las desaladoras Alicante I y II con y su embalse, con un coste total cercano a los ocho millones de euros.

De esta forma, se incrementará la capacidad de producción de dichas desaladoras y se obtendrán entre 12 y 14 hectómetros cúbicos más al año. Así se conseguirá garantizar la dotación de agua a unos 25.000 habitantes de las poblaciones alicantinas de Aspe, Crevillente, Hondón de los Frailes y Hondeón de las Nieves.

La declaración de sequía para las cuentas hidrográficas de los ríos Júcar y Segura fue aprobada por el Gobierno en mayo de 2015 . Posteriormente se prorrogó hasta el 30 de septiembre de este año. Durante este periodo, se han ejecutado en las cuencas del Júcar y del Segura diversas actuaciones por valor de 50 millones de euros.

Casi 105 millones de euros para la I+D+i

Pool Moncloa/Diego Crespo El Consejo de Ministros ha aprobado dos “importante partidas” -casi 105 millones de euros- destinadas al fomento de la I+D+i , según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno.

En primer lugar, se autorizan diversas convocatorias correspondientes al año 2016 de ayudas a personal investigador, por un valor total de casi 87 millones de euros. El programa “Ramón y Cajal” permitirá contratar a 175 doctores con trayectoria consolidada; su duración es de cinco años y cuenta con una financiación adicional para llevar a cabo la actividad investigadora. Las ayudas englobadas en la modalidad “Juan de la Cierva” se destinarán a fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores y a su incorporación a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D sin ánimo de lucro. También se incentivará la contratación de unos 180 titulados universitarios y técnicos superiores gracias a las ayudas de la convocatoria de “Personal Técnico de Apoyo”.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de las ayudas “Torres Quevedo” y “Doctorados Industriales”, por un importe de 18 millones de euros. El objetivo es fomentar la incorporación de 200 doctores con trayectoria consolidada a empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques científicos y la formación de 50 doctores en empresas, respectivamente.

Liceo de y de la Cruz

Sáenz de Santamaría ha subrayado también dos decisiones “importantes” en el ámbito de la cultura. Por un lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la creación de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público ‘XX Aniversario de la Reapertura del Teatro del Liceo’ , que se encargará de organizar y planificar diversas actividades para conmemorar dicho aniversario.

Por otro, el Gobierno ha dado luz verde a la creación de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público ‘Caravaca de la Cruz 2017 Año Jubilar’ . La citada Comisión será la responsable de organizar las diversas actividades relacionadas con esta celebración.

La financiación de los programas oficiales de ambos eventos corresponderá, en un caso, a la Fundación Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y en el otro, a la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca. En ambos casos, estas entidades contarán con los máximos beneficios fiscales al tratarse de acontecimientos de interés público.

Acuerdos UE-Nueva Zelanda y UE-Australia

Pool Moncloa/Diego Crespo El Gobierno también ha autorizado sendos acuerdos de asociación y cooperación entre y sus estados miembros con Nueva Zelanda y con Australia . La vicepresidenta ha manifestado que estos acuerdos contienen cláusulas políticas vinculantes “basadas en los valores compartidos entre ambas partes”.

Sáenz de Santamaría ha comentado que, en el caso de Nueva Zelanda, supone la ampliación y sustitución de la declaración conjunta que se firmó en 2007. Ha añadido que, de este modo, se establecerá “un marco general coherente y jurídicamente vinculante para las relaciones de la UE con dicho país” y “se facilitará un compromiso bilateral más efectivo por parte de la UE” al mejorar la cooperación.

Por último, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a distintas elevaciones de límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, al para llevar a cabo actuaciones en la A-21, Autovía de los Pirineos, y en la A-23, Autovía Mudéjar, para cerrar el itinerario Jaca-Pamplona.

Asuntos de actualidad

Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado las condolencias del Ejecutivo a los familiares de la española María Villar, secuestrada y posteriormente asesinada en México. Al tiempo, ha manifestado y pedido el máximo respeto a la intimidad de su familia y ha destacado que el ha ofrecido a las autoridades mexicanas, con las que se mantiene en permanente contacto, “colaboración estrecha” y “toda nuestra disposición para que cuanto antes pueda hacerse justicia”.

Respecto a la posibilidad de que haya que convocar unas terceras elecciones generales, los periodistas han preguntado si se podría llegar a un acuerdo para que estas no se celebraran el 25 de diciembre. En este sentido, la vicepresidenta ha manifestado que ni el Gobierno en funciones ni el partido que obtuvo más escaños desean unos nuevos comicios, y por esa razón han ofrecido al principal partido de la oposición y a su líder, , “múltiples fórmulas” para evitarlos, ofrecimiento que mantienen.

No obstante, si finalmente hubiese que acudir a las urnas, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que la decisión debería plasmarse en una Ley Orgánica que requiere para su aprobación mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 votos, por lo que la iniciativa, que corresponde a los grupos parlamentarios, debería estar “avalada con una posición consensuada”.