A este respecto, ha recordado que en enero de 2012, el Gobierno “heredó” un incumplimiento en materia de cambio climático y “hoy estamos un 10% por delante de nuestras obligaciones de cara a 2020”.

En materia de agua, tampoco estaban realizados los Planes Hidrológicos de cuenca, que según la Directiva deberían haber estado aprobados en 2009. Para superar la situación, fue necesario aprobar dos ciclos de planificación hidrológica en el plazo de cuatro años y “actualmente ya se trabaja en el tercer ciclo”, ha añadido García Tejerina.

Respecto a la calidad del aire, la ministra ha recordado que el número de infracciones se ha reducido de ocho, en 2010, a cinco en la actualidad. El pasado 15 de diciembre el Gobierno aprobó el Plan Aire II , dotado con 276 millones de euros, y que servirá “para ayudar a que las administraciones competentes, cumplan”. Otros 1.200 millones de euros han sido invertidos por el Ministerio para la renovación del parque de vehículos y en eficiencia energética.

Otra medida puesta en marcha ha sido el Plan Crece para saneamiento y depuración de agua. Dotado con una inversión cercana a los 1.200 millones de euros, ha tenido como objetivo ayudar a salir de los incumplimientos en estas materias “que heredamos y que debido al enorme retraso, está costando superar”.

Además, para ayudar a que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas puedan cumplir con sus obligaciones en materia de gestión de residuos, el Ministerio destinó 7 millones de euros durante 2017 al Plan PEMAR y Plan PIMA residuos .

García Tejerina ha destacado que el Ministerio ha aumentado la superficie marina protegida del 1% existente en 2012 al 8% en 2016, y alcanzará el 13% en los próximos meses con la tramitación de la ZEPIM del Mediterráneo. Esa cifra será la más alta a nivel mundial en materia de protección del mar, y superará “el objetivo internacional de alcanzar el 10% en el año 2020”.

Sobre la calidad del aire en

Preguntada, específicamente, por los registros de calidad del aire en Asturias, García Tejerina ha aclarado que el problema indicado por la Comisión deriva de la mala ubicación de la estación de medición, que no está ubicada en una zona residencial, como marca la Directiva, sino en el entorno de una .

Por ello, ha anunciado que el Ministerio trabaja, de la mano del Gobierno asturiano y , para modificar la ubicación de ese medidor.