​Es una decisión que no contribuye a la reconciliación ni al futuro democrático de Venezuela. Asimismo, constituye un grave desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano expresada de manera democrática en las elecciones legislativas de 2015 y, si no es revertida, una quiebra definitiva del orden democrático y constitucional en la República Bolivariana de Venezuela.

El Gobierno de España no reconoce la decisión de la Asamblea Constituyente y exige al Ejecutivo de ese país que garantice la independencia y separación de los poderes del Estado.

España, junto a sus socios de , promoverá la aplicación de medidas restrictivas de carácter individual apropiadas para dar respuesta a la gravedad de la situación.