El aprobó este viernes la culminación del procedimiento administrativo para proceder a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Gobierno acordó, además, conceder a la familia un plazo de 15 días para comunicar la ubicación en la que desea enterrar los restos. En caso de que no haya acuerdo entre los familiares o de que guarden silencio, será el Ejecutivo quien designe el emplazamiento para la inhumación, que en ningún caso podrá ser la catedral de La Almudena.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, la ministra de Justicia, , explicó que con este acuerdo se cumple con la “decisión política y de Estado” del presidente Sánchez, que se comprometió a dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y al mandado de exhumar los restos del dictador, ya que en el Valle sólo deben permanecer las víctimas de la Guerra Civil, con lo que la presencia de Franco en ese lugar “no contribuye a la convivencia”.

La ministra detalló que el procedimiento ha tenido “todas las garantías” y que ha sido “absolutamente escrupuloso”, porque “es un acto de Estado”, “histórico, político” e importante “para la convivencia de todos los españoles”, por lo que “tenía que hacerse bien”. En cuanto a la catedral de La Almudena, detalló que los restos del dictador “no pueden ir ahí por dos razones: por razón de orden público y porque también se incumpliría la Ley de Memoria Histórica”.

Delgado se felicitó por la “responsabilidad histórica de este Ejecutivo” al afrontar la tarea de exhumar los restos del dictador para favorecer la “reconciliación”.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, , presentó el proyecto de ley de mejora de la Ley Orgánica de Educación, que recupera los equilibrios rotos por la LOMCE –aprobada en solitario por el PP en 2013– y que sienta las bases para corregir desigualdades, reducir el índice de repetición y el abandono temprano del sistema educativo, indicadores en los que España ha retrocedido desde la aprobación de la ley del PP. “Es un proyecto para que nadie se quede atrás”, enfatizó.

Celaá también informó de los resultados del Plan de Trabajo Digno, que ha conseguido que más de 61.000 contratos temporales pasen a indefinidos, y se refirió al anuncio de convocatoria electoral realizado horas antes por el presidente del Gobierno, , cuya “prudencia, moderación y sentido de Estado” elogió. “Hemos peleado por reducir desigualdades y estamos satisfechos de nuestro balance, con medidas que afrontan los problemas de los españoles y recuperan derechos”, valoró.