​ E ntre los acuerdos alcanzados hoy por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado una norma que se enmarca en el “primer eje de la agenda” del Ejecutivo: la creación de empleo. Se trata de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo ​, que busca “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional”, según .​

Con este Real Decreto, por primera vez desde el traspaso de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas, se fija “el marco común con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos”, ha explicado la vicepresidenta. Las comunidades, ha añadido, podrán ampliar o complementar esta cartera.

Acortar la duración del desempleo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que en 2014 la sociedad española y las reformas del Gobierno “han puesto en marcha por primera vez la máquina del empleo” tras siete años de crisis. “Gracias al esfuerzo conjunto de todos, también de las comunidades autónomas y de los interlocutores sociales, en 2014 se crearon cada día más de 1.600 empleos”, ha indicado.

El Ejecutivo es consciente de que “queda mucho camino por recorrer” y de que la gran prioridad es acortar “los tiempos del desempleo al empleo”, según Báñez . Esa es la meta de la Estrategia Española de Activación para el Empleo puesta en marcha por el Gobierno, y la cartera común de servicios presentada hoy supone un paso más en esa dirección. “Es la reforma del mercado de trabajo silenciosa, porque estamos trabajando con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo para hacer eficaces los servicios públicos de empleo a disposición de los desempleados y de su vuelta al mercado de trabajo”, ha asegurado Báñez.

A juicio de la titular de Empleo, las políticas activas de empleo no han sufrido históricamente una falta de recursos: entre 2008 y 2011 dispusieron de más de 30.000 millones de euros, pero en ese mismo periodo hubo 3.300.000 parados más. Báñez también ha indicado que el 47% de los desempleados no contacta con su oficina pública de empleo, y solo el 30% espera una llamada de esa oficina. El problema, ha señalado, es de adecuación y de atención a las nuevas necesidades de los parados: los servicios públicos se han centrado en la gestión de las prestaciones y los subsidios, por lo que es necesario modernizarlos para que también orienten al desempleado y lo ayuden a volver al mercado de trabajo.

Atención personalizada

La ministra ha manifestado que la nueva cartera común de servicios no solo garantiza la igualdad de acceso en cualquier oficina pública del territorio nacional, sino que además permite “hacer un seguimiento de qué se está ofreciendo como atención personalizada a los desempleados” y “orientar los recursos públicos a los resultados”.

Pool Moncloa / Acceso libre En ese sentido, 2015 será el primer año en que el 60% de los recursos de las políticas de empleo se abonarán a las comunidades autónomas en función del cumplimiento de los objetivos fijados. Báñez ​ ha asegurado que la situación que se ha dado en Andalucía, donde en 2014 no se ejecutaron presupuestariamente el 76% de esos recursos, “preocupa” al Ejecutivo e implica que “no se puedan abonar esas cantidades en el ejercicio siguiente”. ​

Con esta reforma, los servicios de empleo se concentrarán en la orientación profesional, desde la elaboración de un perfil individualizado de la persona desempleada hasta el asesoramiento sobre las tendencias del mercado. También desarrollarán labores de intermediación con las empresas, de formación y, por último, de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

Fátima Báñez ha subrayado que el Gobierno dedicará 4.763 millones de euros a las políticas activas de empleo en 2015, lo que representa un incremento del 16,8% respecto a 2014. El 43% se dedicará a acciones formativas y el 31,5% a las bonificaciones a la contratación de los desempleados con más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Además, se destinarán 260 millones de euros a los colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión, 251 millones a la orientación laboral, 110 millones a la colaboración con las agencias privadas de colocación y 100 millones a la modernización de los servicios de empleo.​

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional que pretende adecuar el sistema actual a los nuevos riesgos y amenazas para los ciudadanos. Asimismo, la norma contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta antes situaciones de crisis.

La vicepresidenta ha recordado que el texto tiene su origen en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 . El sistema estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, al que apoyará el . En la elaboración del documento, que se remitirá al para su dictamen, han participado los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa, Interior y Presidencia.

Pool Moncloa / Acceso libre Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que “la finalidad del Sistema de Seguridad Nacional es el funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos y la defensa de nuestros valores democráticos”.

En este sentido, ha argumentado que la futura ley orgánica ofrece un enfoque integral de la seguridad nacional y una mejor coordinación entre organismos y administraciones ante desafíos como la ciberseguridad y amenazas como el terrorismo, las catástrofes naturales o la vulnerabilidad energética: “La norma detalla el sistema orgánico-institucional definiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad”.

Situaciones de interés para la Seguridad Nacional

Una novedad recogida en el anteproyecto es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, que cubre el vacío normativo existente entre las crisis más graves, en las que se pueden adoptar los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales.

La vicepresidenta ha explicado que la situación de interés la adopta el presidente del Gobierno y responde a las circunstancias que requieren, por su gravedad potencial, una mayor coordinación, cantidad de medios y atención sobre el asunto, pero que no supone la necesidad de declarar de los estados constitucionales de alarma, excepción y sitio.

En este punto, ha aclarado que “en ningún caso la adopción de una declaración de interés para la seguridad nacional comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública”.

Sáenz de Santamaría ha resaltado que el anteproyecto estudiado hoy completa y da continuidad “a las políticas y a la Estrategia de Seguridad Nacional que ha emprendido el Gobierno desde el principio de la legislatura”.

Impulso al

Pool Moncloa / Acceso libre La vicepresidenta ha informado de la autorización al para que licite, a través de ADIF Alta Velocidad, las obras de plataforma del tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora de la Línea de Alta Velocidad Murcia- . El tramo se licitará por importe de 86.246.456 euros. La actuación será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que con esta medida se da “un impulso muy importante al Corredor Mediterráneo”, que aglutina al 40% de la población española y representa el 49% del tráfico total de mercancías por medios terrestres en España.

Otros acuerdos

El Ejecutivo ha aprobado los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados . Las cantidades integradas en el Fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia, así como a la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes.

El Consejo de Ministros también ha fijado los criterios para la propuesta de elección de candidatos a jueces, abogados generales y miembros de distintos tribunales europeos. Además, ha modificado la normativa vigente en materia de etiquetado , presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas.

Asuntos de actualidad

En respuesta a los medios de comunicación, interesados por la opinión del Gobierno sobre la nueva convocatoria de elecciones en Cataluña, la vicepresidenta ha resaltado que cuando “un Gobierno recurre permanentemente a este sistema” demuestra que “es incapaz de gobernar”. Una decisión como esta, ha añadido, pone de manifiesto que el presidente de la Generalitat, , “intenta ganar tiempo a base de hacérselo perder a los catalanes”.

Ante el hecho, -que ha calificado de “inédito”- de “convocar elecciones a ocho meses vista”, se ha preguntado a qué se va a dedicar el Ejecutivo catalán durante ese tiempo. “Cuando se convocan tres elecciones en cinco años” es síntoma claro de “que algo va mal”, ha añadido.

Pool Moncloa / Acceso libre Sáenz de Santamaría ha manifestado que en estos cinco años “no se ha hecho otra cosa que anunciar más elecciones”, cuando lo que se necesita son gobiernos que “sean activos” y ayuden a que “la recuperación se consolide”. Al respecto, ha asegurado que el Gobierno garantiza que los españoles, incluidos los catalanes, no verán “reducido su nivel de servicios públicos por la nula actividad de sus responsables”.

A propósito de la persecución y sanción de los autores de mensajes filoterroristas en Internet y en las redes sociales, Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que “la libertad de expresión existe”, pero “tiene límites que hay que respetar”, por lo que la “captación, adiestramiento y apología del terrorismo, por ser a través de Internet no deben dejar de perseguirse”

La portavoz ha dado la bienvenida al acuerdo en materia antiterrorista al que han llegado el presidente del Gobierno y el líder del PSOE porque “es un asunto de Estado” y que hay “trabajar en la cooperación nacional e internacional”.

Sobre la decisión de la empresa de cancelar las prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas canarias, Sáenz de Santamaría ha dicho que, en un país con una “deficiencia energética importante” como es España, es “bueno que se sepa” si se dispone o no de estos recursos. En todo caso, ha señalado, la decisión sobre los emplazamientos en los que se llevan a cabo estas búsquedas, no corresponde a la Administración, sino a las empresas interesadas.