El aprobó este viernes, a propuesta del que lidera Teresa Ribera, un paquete de medidas para colocar a España en la senda de un “progreso sostenible” y que “garantiza la solidaridad”, haciendo frente al cambio climático, generando nuevas oportunidades y empleos y modernizando la economía. En palabras de la ministra, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tendrán “efectos positivos” para “la justicia social, el medio ambiente y la salud de las personas”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera detalló que entre los objetivos de este paquete está reducir en un 20% las emisiones de efectos invernadero y alcanzar un 42% de energía de origen renovable en 2030. Ello redundaría en una mejora de la eficiencia energética del 38,9% y permitiría avanzar, de cara a 2050, en un sistema “100% renovable” y neutro en gases de efecto invernadero. Ribera subrayó el compromiso del Gobierno con estos objetivos y destacó que estas medidas se han elaborado “en tiempo récord”.

“La propuesta es sólida, transversal y se han maximizado sinergias”, apuntó la ministra, que precisó que en su elaboración han estado presentes todos los departamentos ministeriales y detalló la importancia de este paquete de medidas, que evitaría el 25% de las muertes prematuras por contaminación atmosférica. Además, expresó que estas iniciativas serían beneficiosas económicamente, pues movilizarán unos 230.000 millones de euros en la próxima década, de los que el 20% serían de origen público y ejercerían de palanca para la inversión privada.

Entre los beneficios, Ribera destacó la reducción de la dependencia energética y, por consiguiente, de la balanza comercial; la mejora de la eficiencia energética de los hogares, lo que beneficiaría especialmente a los hogares con menos recursos; la evolución a la baja del precio de la electricidad antes de impuestos, con una caída prevista del 12% para 2030; y un crecimiento del PIB de 1,8 puntos anuales para 2030, lo que, además, supondría la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos en la próxima década.

Política responsable frente a la crispación

Por su parte, la ministra portavoz y de Educación y FP, , lamentó que este viernes hayan sido desahuciadas cuatro familias “con varios menores, e incluso con un bebé” en el madrileño barrio de Lavapiés. Celaá admitió que “la política no ha llegado a tiempo” para frenar este “drama” que afecta a “personas humildes que esperan una respuesta”. En este sentido, recordó que el Gobierno propuso un decreto de alquileres que no logró ser convalidado en el Congreso y que, “posiblemente”, hubiera permitido “tener una solución” para estas personas. “El Gobierno continúa trabajando para que no haya más imágenes como estas”, apuntó.

Además, reivindicó la apuesta del Gobienro socialista por una “política limpia y responsable” frente a la “crispación y la falsedad” de quienes quieren levantar “muros de enfrentamiento” en la ciudadanía. Celaá recalcó que el Ejecutivo apuesta por un “proyecto incluso que apuesta por la convivencia sin exclusiones”, y defendió la utilidad de la política, demostrada esta semana en hitos como la reversión de los recortes en Educación, la aprobación de la nueva ley de crédito inmobiliario y la mejora de las pensiones de orfandad para hijos e hijas de víctimas de la violencia de género.

El Consejo de Ministros, por lo demás, aprobó la regulación del régimen especial para las Islas Baleares, que compensarán la insularidad de esta comunidad con medidas fiscales, energéticas y para el transporte. En este último ámbito, por ejemplo, se establecen bonificaciones de hasta el 75% para las tarifas de los trayectos directos entre el archipiélago y el resto del territorio nacional, tanto en transporte marítimo como aéreo.