César Antón, acompañado por el director general de Políticas de Apoyo para la Discapacidad, , se ha encargado de abrir el curso “Un Estado de todos y para todos” que entre hoy y mañana albergará la . La inauguración ha corrido a cargo del presidente de Cantabria, .

Dirigido por el secretario de Estado de , , el curso busca desgranar las políticas sociales que el Gobierno está poniendo en marcha en un contexto caracterizado por la necesidad de acometer reformas de calado, precisamente para asegurar la sostenibilidad y continuidad de esas mismas políticas.

Entre ellas, la reforma para la mejora de la Ley de Dependencia que el (Gobierno y Comunidades Autonómas) puso en marcha la semana pasada con el fin de mantener el Sistema en unas circunstancias adversas tanto en lo económico como en lo financiero.

Antón ha explicado que ahora que hay menos recursos, urgía una reforma del modelo que permitiera su funcionamiento, toda vez que las Comunidades Autónomas habían trasladado la necesidad de una revisión para poder hacer frente a las políticas propias del Sistema de Dependencia. Asimismo, la evaluación de los resultados (la primera desde que hace cinco años entrara en vigor el Sistema) que efectuaron , Servicios Sociales e Igualdad y las administraciones regionales pusieron de manifiesto algunas distorsiones que había que reparar.

“O se hacía el ahorro o el modelo se colapsaba”, ha destacado el Director General , quien, ante una reflexión de dicha magnitud, ha recalcado que el Gobierno se puso a trabajar con la prioridad inamovible de que la Ley había que preservarla por todos los medios.

La decisión de rebajar el 15% la cuantía de la prestación por cuidador no profesional en el entorno familiar obedece, ha manifestado Antón, a la prioridad de respetar el contenido de la Ley, que abogaba por generalizar la red de servicios sociales, y con ello promover retorno económico y creación de empleo, y dejar como excepción el cuidado familiar. Ello no ha ocurrido, y por esta razón, más la apuesta por profesionalizar la asistencia a las personas dependientes, el Ejecutivo, de común acuerdo con las Comunidades, optó por la reducción de la partida. Es la única que se revisa, ha enfatizado el Director General, quien ha valorado que las demás se dejen tal cual.

Precisamente para consolidar un tejido de servicios sociales vinculados a la Dependencia el Gobierno también ha cambiado el criterio de reparto de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que progresivamente se vaya ponderando las prestaciones por servicios, y en su empeño por profesionalizar el sector ha extendido la prestación por asistente personal a todos los grados de valoración de dependencia (algo que hasta ahora no sucedía).

Además, en palabras del director general, tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas se han comprometido a dar prioridad de asistencia a los grandes dependientes, quienes, en consecuencia, entrarán en el Sistema con mayor celeridad. Se persigue con la propuesta de mejora reducir en la medida de lo posible la lista de espera de alrededor de 300.000 dependientes sin prestación que se había heredado de la gestión anterior.

Éste aspecto era uno de los que lastraba el funcionamiento del Sistema. Antón ha citado también el desfase presupuestario de unos 2.700 millones de euros, el exceso de grandes dependientes (un 110% más que los previstos inicialmente) o la deuda contraída en la Seguridad Social por las cotizaciones de los cuidadores familiares.

Antón ha recordado, en su intervención, que el Gobierno “en ningún caso” quiere terminar con esta figura; al contrario, si la persona dependiente así lo desea, estará cuidado por un familiar, aunque sujeto a unos requisitos que garanticen la mejor asistencia.