• El Grupo Popular ha registrado dos Proposiciones en el Congreso relacionadas con Venezuela. Una exigiendo al Gobierno que respalde a y lidere en la UE la defensa de elecciones democráticas en el país, y otra para que apoye las acciones internacionales contra el saqueo minero del Orinoco y en defensa de los derechos de la población indígena.

La primera de las Proposiciones no de Ley, suscrita por la portavoz del GPP, , y las diputadas María Valentina Martínez Ferro y , insta al Gobierno a que reconozca cuanto antes la legitimidad de la nueva Junta Directiva de la liderada por Juan Guaidó, y a que condene todas las maniobras inconstitucionales y violación de derechos perpetradas por Maduro y sus seguidores para impedir su reelección.

Además, el Grupo Popular reclama al Gobierno que lidere en la defensa de la celebración de elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela, así como la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales a los altos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias con el bloqueo de sus cuentas. Finalmente, la PNL insta al Ejecutivo a que exija a la comunidad internacional que acompañe los procesos de reinstitucionalización y redemocratización en Venezuela, con España situado un lugar preponderante en esta exigencia.

ESTRAGOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL ORINOCO

La otra Proposición, firmada por Álvarez de Toledo y Martínez Ferro, se centra en pedir al Gobierno que se sume a cuantas acciones internacionales se realicen para proteger al Orinoco y a sus habitantes de las acciones de minería ilegal y descontrolada que se están realizando ante la inacción de Maduro.

También recuerda que el decretó en 2016 Zona de Desarrollo Estratégico al Arco Minero del Orinoco, y que la voracidad y el descontrol de la explotación minera está originando graves estragos ambientales y sociales, con violaciones de diversos derechos o el riesgo de mujeres y niñas de ser objeto de trata, así como el aumento de enfermedades entre la población indígena.

Por todo ello, el PP considera que se debe instar al cogobierno de Sánchez-Iglesias a que respalde las acciones internacionales que se lleven a cabo para detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas del Orinoco, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un mayor control de los impactos en las poblaciones indígenas afectadas en las zonas mineras, garantizando sus derechos fundamentales.

Finalmente, se destaca que la ilegalidad o el control por parte de organizaciones de grupos armados bajo el amparo de Maduro dificultan una intervención sobre el territorio afectado y facilitan el contrabando, teniendo en cuenta que en la zona hay metales preciosos y minerales estratégicos, así como otros materiales de alto valor.