El secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, , ha transmitido la honda preocupación del por los acontecimientos que sacuden Bolivia desde las pasadas elecciones del 20 de octubre, que dejan ya 29 muertos y más de 700 personas heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Son actos inasumibles en cualquier circunstancia, muertes que en muchos casos son fruto de la represión violenta por parte de la policía y , como hemos podido ver en , Senkata y otros lugares, y cuyos responsables deberán rendir cuentas ante la justicia”, ha continuado.

“Tenemos razones para pensar que hubo graves irregularidades y manipulación en los resultados de las elecciones del 20-O, como indican la auditoría independiente de la y las dimisiones de miembros del , y es por eso que apoyamos el anuncio realizado por de celebración de nuevos comicios supervisados por nuevas autoridades electorales”, ha explicado Gómez. “Pero es evidente que este proceso se vio truncado por el intolerable hostigamiento callejero a dirigentes del MAS y familiares de Evo Morales y, especialmente, por la acción de la policía y el ejército boliviano, sobrepasando claramente sus obligaciones constitucionales de no realizar acciones políticas al sugerir la dimisión de Morales por boca sus altos mandos”, ha matizado.

Para el dirigente socialista, la discusión terminológica sobre lo que sucede en Bolivia nos aleja de lo verdaderamente importante: “La firme exigencia a las autoridades interinas que gobiernan Bolivia ante este vacío de poder y ruptura del ordenamiento constitucional para que garanticen la seguridad y los derechos humanos de toda la ciudadanía boliviana y celebren elecciones en un plazo máximo de 90 días, tal y como recoge la Constitución Plurinacional”.

En ese sentido, Gómez mostrado la preocupación del PSOE por “la expulsión de periodistas, el cese de embajadores en el exterior, y la ruptura de relaciones diplomáticas con países vecinos”, al tiempo que ha deplorado la promulgación del Decreto Supremo 4078, que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para miembros de las Fuerzas Armadas que participe en el restablecimiento del orden interno.

“Las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse en línea con las obligaciones establecidas por el derecho internacional en materia de Derechos Humanos: exhortamos a todas las partes a encauzar este conflicto en ausencia de violencia y respetando la Constitución Boliviana con la ayuda de la mediación de la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas y ”, ha concluido.