El pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos plantea que el Ejecutivo traspase a la Generalidad de Cataluña aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatuto de Cataluña en materias como la formación sanitaria especializada.

Este acuerdo choca frontalmente con el artículo 149.1.30ª de la Constitución española, que afirma que compete únicamente al Estado la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución”. Además, genera un rechazo total por parte de colectivos profesionales como, por ejemplo, la (CESM), incluido el Sindicato Médico Catalán.

Por todo ello, y para evitar cualquier tipo de amenaza y agresión a la estructura y al buen funcionamiento del modelo de formación sanitaria especializada en todos sus programas, el GPP ha registrado una Proposición no de Ley para consolidar y desarrollar el modelo de formación sanitaria especializada, de forma que se mantenga el reparto competencial entre administraciones vigente. El modelo de formación sanitaria especializada en España en las últimas décadas es una historia de éxito que muchos países han intentado reproducir.