Los/as parlamentarios/as andaluces y , además del también diputado y portavoz en la Comisión de Interior, , consideran que esta actuación que aplica el Ejecutivo del PP “choca frontalmente con la legislación española, que dispone que los centros de internamiento utilizados no pueden tener un carácter penitenciario”

Izquierda Unida, a través de sus parlamentarios/as andaluces Eva y Miguel Ángel Bustamante, además del también diputado y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, han registrado hoy distintas iniciativas en relación a la decisión adoptada por el de recluir en el de Málaga II (Archidona) a cerca de medio millar de personas que llegaron en distintas pateras a las costas de el pasado fin de semana. Para IU, esta actuación “choca frontalmente con la legislación española, que dispone que los centros de internamiento utilizados no pueden tener un carácter penitenciario”.

En primer lugar, los/as dos diputados andaluces han formalizado ya la petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, , para que dé cuenta en sede parlamentaria de “la utilización del Centro Penitenciario Málaga II en Archidona que, además, no está en funcionamiento, para ubicar a la mayor parte de los más de medio millar de inmigrantes que llegaron el pasado fin de semana” a las costas murcianas.

Además, han registrado por escrito una pregunta ampliamente documentada dirigida al Ejecutivo de en la que, entre otras cuestiones concretas, le reclaman explicaciones sobre “¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha decido recluir en un centro penitenciario a inmigrantes que no han cometido delito alguno?”

Ambos diputados/as de IU comparten buena parte de las valoraciones que sobre asunto ha hecho la Sección Sindical de CC.OO en Instituciones Penitenciarias, para quienes esta decisión supone una “flagrante vulneración de la legislación vigente y un grave retroceso en materia de derechos humanos”.

Izquierda Unida recuerda también que en Archidona “no existe ningún (CIE), sino una prisión aún sin inaugurar, que no cuenta con personal adecuado y en cuyas instalaciones no van a garantizarse los servicios básicos de estas cerca de 500 personas”, de ahí que se pregunte también en concreto por estos puntos.

La pregunta escrita que firman se completa reclamando al Gobierno que valore “la unanimidad de las denuncias y críticas de sindicatos, de ONG o de profesionales sobre su decisión de mantener retenidos a inmigrantes en prisión”.

Distintas organizaciones no gubernamentales como SOS Racismo o Andalucía Acoge han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo entendiendo que es necesario que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de manera evidentemente contraria a lo que ocurre en este caso. También el ha condenado la decisión del Gobierno y ha exigido el inmediato traslado de estas personas a un centro no penitenciario”.