Los/as diputados/as andaluces de Izquierda Unida y registran en el Congreso una pregunta dirigida al nuevo Ejecutivo para reclamarle que actúe, junto con , para salvaguardar los intereses del sector español ante el importante aumento de los aranceles por EE.UU

Izquierda Unida, a través de sus diputados/as andaluces/as Miguel Ángel Bustamante y Eva , ha registrado hoy una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Gobierno que explique qué acciones va a adoptar, junto con la Comisión Europea, para salvaguardar los intereses del sector español de la aceituna de mesa. IU pone en marcha esta iniciativa tras el importante aumento impuesto por la en EE.UU de los aranceles a la aceituna negra española, con graves repercusiones principalmente para Andalucía.

Bustamante y García Sempere explican que “la apertura de los procedimientos antidumping y antisubvención por parte de Estados Unidos frente a las importaciones de aceituna negra de mesa originarias de España revisten una elevada importancia tanto para el sector productor de aceituna, como para las regiones donde se ubican las empresas involucradas, principalmente Andalucía”.

Izquierda Unida tiene muy en cuenta que la mayor parte de las ayudas identificadas por EE.UU y que tanto demoniza se engloban en la Política Agraria Común (PAC) europea. De ahí que en la iniciativa se señale que “el procedimiento antisubvención podría tener una elevada repercusión para la PAC de (UE), ya que la mayor parte de los sistemas señalados por los denunciantes estadounidenses son esquemas comunitarios englobados en sus pilares I y II”.

El ya ha adoptado las resoluciones definitivas tras sus supuestas investigaciones antidumping y antisubvención contra la aceituna negra española. Decide imponer un arancel medio del 14,75% y del 20% y además, la asegura de forma unilateral que las ayudas de la PAC recibidas por los agricultores de aceituna de mesa ‘no son compatibles’ con la normativa de la .

“Desde IU entendemos -señala Bustamante- que el debe poner en marcha de inmediato acciones para defender los derechos de los agricultores afectados por este desproporcionado ataque a los intereses españoles y, en especial, a los del campo andaluz. El Ejecutivo tiene que detener las nefastas repercusiones que ya están teniendo estas medidas”.