La Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 estados europeos, ha configurado las bases para la construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este espacio nace con el objetivo (teórico, al menos) de mejorar la calidad en la enseñanza superior, estableciendo un marco común a todas las universidades europeas partiendo de los siguientes ejes:

  • Mejorar la movilidad de los estudiantes, profesorado, e investigadores en Europa

  • La necesidad de promover nuevas metodologías y nuevos modelos docentes

  • La homogenización de las titulaciones

  • El impulso de la calidad y la mejora del nivel de excelencia

  • Fomentar la ocupación y el aprendizaje a lo largo de la vida

  • Favorecer la equidad

Así pues, si excelencia, calidad y eficiencia son los principios básicos que se articulan en torno al Proceso de Bolonia, ¿alguien puede disentir de esos propósitos? ¿Por qué existe entonces una controversia tan fuerte en torno a la renovación de la enseñanza superior que contribuiría a la construcción de la llamada “Europa social”? Para empezar, nuestro país está en la cola de Europa en la implantación del EEES (que debería hacerse efectivo en 2010) y arrastramos un fuerte déficit de información y participación de todos los actores implicados: profesorado, estudiantes y agentes económicos y sociales. La polémica ocasionada se ha sustentando en la tremenda incertidumbre que existe fundamentalmente en la financiación de todo el proyecto, el futuro de los recursos humanos de la Universidad y la relación de ésta con el mundo empresarial, sin olvidarnos de la reordenación de las carreras y el desarrollo curricular de las mismas.

En primer lugar, la Secretaría de Juventud de CCOO debe exigir que la aplicación de Bolonia cumpla con los objetivos marcados y no suponga una pérdida de equidad, o signifique un incremento de desigualdades en el acceso y el flujo de estudiantes. Además, se tienen que garantizar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de las universidades. Estamos ante una oportunidad para aumentar la calidad del sistema universitario, pero hace falta un incremento real de la inversión para acercarnos a los niveles de financiación de la media de los países de la OCDE que garantice el carácter eminentemente público de nuestra universidad y no la haga dependiente de decisiones de otros agentes económicos. Pero el incremento de recursos no puede sustentarse en un aumento de las tasas a los estudiantes ni en la concesión de préstamos que sustituyan a las becas tradicionales, las cuales deben superar su carácter asistencial, para poder garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria. Paralelamente la reforma no debe suponer un empeoramiento de las condiciones laborales y organizativas del personal docente ni del administrativo y de servicios. Es necesario un aumento de las plantillas y de la formación que debería pactarse con los agentes implicados si queremos la culminación exitosa de todo el proyecto, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria en política de personal que se venía arrastrando. En este sentido, es importante no precarizar aún más, por ejemplo, la situación del personal investigador, que va a adquirir especial protagonismo en todo este proceso.

La reordenación de la universidad no puede vincularse a las demandas del mercado de trabajo, ni en la búsqueda de financiación ni tampoco en su faceta investigadora. La apuesta por unas enseñanzas más innovadoras que impulsen el cambio tecnológico y, por tanto, permitan transitar a un nuevo modelo productivo, como propugnamos también desde Comisiones Obreras, no deben hacer perder el perfil público y autónomo que ha caracterizado a la investigación universitaria. La entrada de la empresa en el ámbito educativo no debe primar los intereses de ésta frente a los criterios de rentabilidad social por los que debe apostar nuestra universidad. Es necesario que se promueva la cooperación frente a la competitividad en la actividad universitaria. Porque en la investigación de base y la transferencia de conocimientos la materia de estudio no puede estar supeditada a necesidades empresariales cortoplacistas que, como se ha demostrado, muchas veces no coinciden con las demandas reales del sistema productivo.

Por último, la reestructuración de las carreras, con la aparición de los títulos de grado y la casi obligatoriedad de los postgrados para obtener una especialización, deben ser escrupulosamente estudiados para que no supongan de nuevo un barrera económica a su acceso porque incrementen su precio. Además los planes de estudio de los grados deben proporcionar una formación suficiente que vaya más allá de una orientación al ejercicio de actividades profesionales. El desarrollo curricular ha de permitir asimismo la compatibilidad entre estudios y trabajo, y a través de los itinerarios flexibles, promover el aprendizaje a lo largo de la vida.

Son, en consecuencia, muchas las consideraciones que implica la Declaración de Bolonia. Por ello, la Secretaría de Juventud de CCOO insta a las administraciones e instituciones implicadas a acordar una moratoria en la implantación del plan. Es ineludible realizar un análisis profundo para alcanzar un consenso en pro de la obtención de esa excelencia académica que promueve Bolonia, pero sin perder de vista la posibilidad de que la aplicación de este proceso sirva de coartada para debilitar el carácter público y democrático de nuestra Universidad.