La aprobación de una ley para la protección de la infancia frente a la violencia, la reducción de las listas de espera para las personas en situación de dependencia y la acogida de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) son algunos de los principales retos sociales que asumirá el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En materia de infancia, que asumirá la nueva vicepresidencia social de , el nuevo Gobierno tiene el reto de aprobar la Ley Orgánica para la protección de la infancia frente a la violencia, que las ONG piden tramitar con urgencia. La norma retrasará el cómputo de la prescripción de los abusos sexuales.

En concreto, la ley prevé que este plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, teniendo en cuenta que las víctimas tardan años en denunciar los hechos. Actualmente, el plazo empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después dependiendo de la gravedad.

Otra de las cuestiones que deberá asumir esta Vicepresidencia social es la a las personas en situación de dependencia y, en concreto, la reducción de las listas de espera —esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo— y una planificación sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia.

Respecto a las personas con discapacidad, entre otras cuestiones, el colectivo reclama poner fin a las esterilizaciones sin consentimiento de las mujeres con discapacidad, accesibilidad universal a la vivienda y la extensión de la asistencia personal. Además, está pendiente la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’.

Otro desafío, que por el momento se desconoce a qué Ministerio le corresponderá abordar, es la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que hay en España y que en los últimos tiempos han sido criminalizados por parte de partidos políticos como Vox.

Precisamente el anterior Ejecutivo estaba trabajando en el diseño de un nuevo modelo de acogida y atención para estos niños, niñas y adolescentes, con el reto de conseguir un reparto más equilibrado de estos menores en el territorio español.