Más de 100 catedráticos y Profesores de Derecho Penal de universidades españolas consideran que la actuación de la Fiscalía General —dirigida por hasta su muerte el sábado— y de la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la (AN), , ha originado “general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles”.

Así se expresan en un manifiesto firmado por 109 catedráticos y profesores de derecho penal de universidades como la de , la de , , la de , , la , de Castilla La Mancha, la Universidad Autònoma de Bacelona, la , la , la Complutense de , la de , la de , la de las Palmas de Gran Canaria, , la , la de Illes Balears y la , entre otras.

En el documento, los expertos en derecho penal analizan los delitos que se imputan a los miembros de la Generalitat y del Parlament investigados por el desarrollo de la hoja de ruta independentista y concluyen pedir a las instancias fiscales y judiciales que se atengan al Derecho, a la Ley, y que investigan y castiguen “lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso”.

Los juristas critican que Maza y Lamela afirmen que los hechos sean constitutivos de un delito de rebelión por la “poderosísima razón de que está ausente” el elemento de la violencia; un requisito que se decidió incorporar en el , precisamente, para constreñir la aplicación de este delito a supuestos de la máxima gravedad, que los firmantes aseguran que no se da en este caso.

“Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión, que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia”, advierten.

Tampoco aceptan que se les aplique el delito de sedición porque “en ningún momento se ha aportado juicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario” tal y como exige la ley para aplicarlo.

AUDIENCIA INCOMPETENTE

Los expertos en Derecho Penal rechazan que la AN se haya hecho cargo del caso, porque “no es competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición”; una competencia que afirman que corresponde a la Audiencia Provincial de .

Argumentan que, si bien los “delitos contra la forma de Gobierno” corresponde juzgarlos a la AN, la Ley Orgánica del Poder Judicial no alude a los delitos de rebelión y sedición.

“Resulta preciso denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción 3” a la hora de fijar las fechas para prestar declaración, como el dictado de las prisiones preventivas, añaden.

Sobre estas detenciones exponen que “han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones”.