​Dada la situación creada con la investidura del nuevo president de la Generalitat, su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas, , el y el se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria frente a cualquier eventual desafío.

En este sentido ambos han coincidido en rechazar cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña.

Asimismo el Gobierno y ambas formaciones políticas han acordado que la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del en el año 2015.

Este acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitió la reparación de la legalidad quebrantada por el anterior gobierno de la Generalitat. Asimismo está abierto a cualquier otra formación política que desee mostrar su compromiso con nuestras instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

El presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE han acordado trasladar a la sociedad española un mensaje de serenidad y de firmeza en la defensa de la concordia civil, la legalidad vigente, la Constitución Española, la soberanía nacional y la unidad de España.