Las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros suponen un golpe a las políticas sociales y un regalo a las empresas. La supresión, en febrero del 2011, del Programa Temporal de Protección e Inserción profesional (PRODI) supondrá que, al final de ese año, al millón de parados que no perciben ya ningún tipo de prestación, se sumen otros 500.000 desempleados más que quedarán absolutamente desprotegidos.

El anuncio de la próxima aprobación de la actividad de las agencias privadas de colocación supone una cesión de responsabilidad, por parte del Gobierno, que facilita a las empresas privadas que hagan negocio con el desempleo. Estos retrocesos sociales, unidos al nuevo descenso del Impuesto de Sociedades (la experiencia demuestra que esta medida no ha servido ni para favorecer la economía real ni para crear más empleo y supone un paso atrás en la lucha contra el déficit) y al empequeñecimiento del sector público (con la privatización parcial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y de AENA, entre otros), denotan el tremendo viraje de la política económica del Gobierno socialista, que ha sucumbido a las presiones de los mercados frente al interés general y los derechos sociales y laborales.

La batería de medidas, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, demuestra una vez más el radical cambio de rumbo de la política económica del Gobierno que ha optado por ceder a las continuas presiones de los mercados financieros e instituciones internacionales y gobiernos de corte neoliberal, en detrimento de los derechos sociales y laborales.

La eliminación, en febrero de 2011, del PRODI, es decir los 426 euros que reciben los parados que han agotado las prestaciones y subsidios (a pesar de que el propio Gobierno se comprometió a que mantendría esta prestación mientras la tasa de paro no bajara del 17%) y puede dejar absolutamente desprotegidos a 500.000 personas más entre febrero y diciembre del 2011, que se unirían al millón de parados que no cuenta con ningún tipo de prestación. Este cálculo se hace teniendo en cuenta el crecimiento mensual medio de beneficiarios que agotan mensualmente la prestación asistencial, que sobrepasa las 40.000 personas. Una medida tremendamente injusta e incomprensible que castiga duramente a los colectivos que en peor situación están en nuestra sociedad.

UGT considera, además, que el anuncio de la próxima aprobación de la actividad de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro supone profundizar en los aspectos regresivos y antisociales de la reforma laboral, impuesta por el Gobierno. Con esta medida el Ejecutivo se sustrae de su responsabilidad con las personas desempleadas y facilita que las empresas privadas hagan negocio con el desempleo. Por contra, para el sindicato es necesario apostar por el fortalecimiento y modernización de los y recuerda que, actualmente, en nuestro país sólo hay un empleado de los Servicios Públicos de Empleo por cada 200 personas desempleadas, cuando la media europea no alcanza un empleado público por cada 50 desempleados.

Por otra parte, el Consejo de Ministros hace un nuevo regalo a los empresarios aprobando una nueva reducción del Impuesto de Sociedades, a pesar de que la experiencia demuestra que esta medida no ha servido, hasta ahora, ni para activar la economía real, ni para crear empleo.

Según el propio en su informe “Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, de septiembre de 2010, la recaudación del Impuesto de Sociedades entre 2008 y 2009 (datos a mes de septiembre) se ha reducido un 21,3%, lo que supone una pérdida en la recaudación de 6.300 millones de euros. Este descenso en la recaudación no sólo se debe a la inactividad productiva sino a una rebaja paulatina del tipo efectivo real para las empresas (empezó a reducirse antes de la crisis) que ha pasado del 24,5% en 2005, al 20% en 2007 y al 18% en 2009. Este continuo descenso en la recaudación, a través de la rebaja del Impuesto de Sociedades, sólo se ha traducido en menos ingresos para el Estado, pero no se ha dejado notar ni en el empleo, ni en la actividad económica.

Por tanto, la nueva rebaja de este Impuesto supondrá otra importante pérdida de ingresos y repercutirá, negativamente, sobre el déficit público, cuya reducción es la prioridad de la política económica del Gobierno, por encima de la recuperación económica y el empleo.

Para resolver este galimatías, el Gobierno ha aprobado otro retroceso social, que supone un empequeñecimiento de nuestro sector público, la privatización parcial de AENA (en un 49%) y de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (en un 30%). Con ello, pretende obtener liquidez a corto plazo, pero a la larga supone renunciar a ingresos estables; a la vez que al entrar en la gestión capital privado tendrá su correspondiente “precio” en los servicios que prestan estas empresas públicas (porque lo que mueve al capital privado es el beneficio, puro y duro, a costa de lo que sea- plantillas, calidad en la prestación de servicios, etc.)

Por tanto, con todas estas medidas el Gobierno rubrica su política de recortes sociales, se deja llevar por la precipitación para contentar a los mercados financieros y a las grandes empresas, nacionales e internacionales, y vuelve a incidir en el reparto desequilibrado de los sacrificios para salir de la crisis: los que siempre pagan son los trabajadores y los ciudadanos, en general, y eso a pesar de que no han provocado esta crisis y son las principales víctimas de la misma.