La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este viernes que el Gobierno ha aprobado tres reales decretos que pretenden mejorar los mecanismos de lucha contra el fraude y reforzar la seguridad jurídica en las relaciones entre los contribuyentes y la Administración Tributaria.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega indicó que estos tres reales decretos desarrollan la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal, modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y aprueban el reglamento de Procedimientos Amistosos en materia de Imposición Directa.

Para De la Vega, estos tres reales decretos mejorarán la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, facilitarán las relaciones de las inversiones de nuestras empresas, reforzarán la seguridad jurídica de los operadores económicos y de las administraciones públicas y traerán mayor protección para los

ciudadanos.

El real decreto por el que se desarrollan varios aspectos de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, introduce normas dirigidas a la obtención de información que permitan un mejor seguimiento de las transmisiones y del empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles.

Para ello, se establece la obligatoriedad de la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmuebles.

Por otra parte, se determinan las circunstancias que facultan a la Administración tributaria para la revocación del NIF cuando se crean sociedades con el exclusivo propósito de intervenir en operaciones de fraude como, por ejemplo, en los casos en que se declara la realización de actividades económicas inexistentes.

La revocación del NIF es una medida apropiada para sociedades que no desarrollan ningún tipo de actividad económica real, lo que las hace susceptibles de ser utilizadas como instrumento del fraude organizado.

Además, el real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un marco regulador para proporcionar la mayor seguridad jurídica a los operadores económicos cuando realicen operaciones con entidades o personas a los que tengan vinculación.

Además, se adapta el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades a las recientes novedades introducidas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades llevadas a cabo por diversos textos legales, especialmente por la Ley de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia Contable de 2007, para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Por otra parte, el real decreto por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa desarrolla la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, establecida en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude

Fiscal.

Esta disposición adicional regula, por primera vez en la normativa española, los procedimientos amistosos previstos en los convenios para evitar la doble imposición. Esta seguridad jurídica se verá traducida en una mayor agilidad en los procedimientos que, sin duda, beneficiará tanto a la Administración como a los contribuyentes que soliciten su aplicación.

DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

El Consejo de Ministros ha aprobado también una serie de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica, aprobada en la pasada legislatura, que incluyen un protocolo para exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y un mapa de las fosas donde se localicen sus restos.

Entre las medias también destaca el procedimiento para acceder a la nacionalidad española y el acceso a los Registros Civiles. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que una de las tareas prioritarias del Gobierno es la de mejorar los derechos de los ciudadanos y ése es el sentido de lo aprobado hoy.

Desde el Ministerio de Justicia se ha informado de las medidas para posibilitar la opción a la nacionalidad española de origen de los hijos de aquellas personas que fueron originariamente españolas, así como a los nietos que, a causa del exilio, no pudieron tener nacionalidad española.

Respecto a la documentación acreditativa de la condición de exiliado del abuelo o abuela, la instrucción es muy amplia.

En cuanto a los accesos a los Registros Civiles y a los libros de actas de defunciones, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado una instrucción destinada a solventar las dudas que puede suscitar en los encargados.

Pretende conjugar la publicidad del Registro Civil y el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos con la necesidad de otorgar una publicidad restringida cuando los asientos del Registro afecten a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada.

Se señala en la instrucción que concurre el interés legítimo que la ley exige para obtener las correspondientes certificaciones, cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o científicas sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición o en investigaciones que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional.