​Las principales demandas planteadas por los sindicatos afectan a diversas cuestiones retributivas entre las que figura el incremento del complemento específico, el reconocimiento de incentivos para ámbitos específicos como los juzgados de violencia sobre la mujer o el complemento de productividad, para procurar la equiparación salarial con el personal de las comunidades autónomas que tienen transferida la Justicia.

Durante la reunión se han analizado otras cuestiones como la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de sustituciones profesionales para lo que la Administración ha ofrecido la creación de un grupo de trabajo. Asimismo, los sindicatos han instado a la elaboración de planes de formación para el personal de la Administración de Justicia que contemplen especialmente la formación en nuevas tecnologías y en violencia de género, avanzar en igualdad y conciliación y la recuperación de los días de permiso a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Justicia se ha comprometido a estudiar el conjunto de cuestiones planteadas por los sindicatos teniendo en cuenta la viabilidad de cada una de ellas y dentro de las posibilidades que ofrezca el marco legal para su desarrollo. Igualmente se analizará el grado de cumplimiento de los anteriores acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales. A tal fin, y con objeto de avanzar en los temas planteados, la Administración remitirá a los representantes de los sindicatos el calendario de negociación para las materias a tratar. Ambas partes han acordado volverse a reunir en un plazo aproximado de dos semanas.

Además del secretario general de la Administración de Justicia, por parte de la Administración ha asistido a este encuentro el director general de Función Pública, Javier Pérez Medina, quien se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos de la el pasado 9 de marzo y a la aplicación que haya de tener en el ámbito de Justicia.

En representación de los sindicatos han estado presentes y Javier Jordán de Urríes por CSIF; Emilia Rubio y por STAJ; Luis Calero y por CC.OO. y María Victoria Carrero y por UGT.