​Esta situación ha llevado a España a un conflicto con , que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al , que podría imponer multas significativas a España.

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la , ha enviado, con fecha 19 de junio, sendas cartas al comisario europeo de Energía y Acción Climática, , y al presidente de la CNMC, , en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el , . Así mismo, el secretario de Estado de Energía ha trasladado a las autoridades europeas una comunicación en el mismo sentido.

El secretario de Estado de Energía, , expresa su voluntad de “resolver esta cuestión en el menor plazo posible”. A tal efecto, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de “definir un marco legal adecuado en esta materia”.