• El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte solicita la suspensión cautelar de la Orden del 10 de junio de 2008 de la Consellería d’Educaciò, que incumple la normativa básica del Estado, porque perjudicaría a los alumnos
  • Eva Almunia ha pedido al Gobierno valenciano “respeto a la Ley” y que “no haga de los centros educativos un campo de batalla política”

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia en el que solicita la nulidad de pleno derecho de la Orden de 10 de junio de 2008 de la Conselleria d’Educaciò del ejecutivo autonómico valenciano por la que se establecen formas de organización pedagógica para impartir la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la Educación Secundaria Obligatoria.

El recurso presentado por el MEPSYD se fundamenta en que, a través de esta Orden, la  

Consellería incumple la Ley Orgánica de Educación, asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa. Además, regula medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura, en contra una vez más de la LOE, pero también de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que en ningún caso autoriza esta posibilidad. En este sentido, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha solicitado al consejero de Educación de Valencia “respeto a la Ley y a la comunidad educativa”.

Eva Almunia ha recordado que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura Educación para la Ciudadanía con normalidad. “Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece”, ha indicado.

La secretaria de Estado ha señalado igualmente que “es la misma responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del consejero que parece no tener fin: comenzó anunciando que la asignatura se daría en inglés, continuó planteando dos opciones que perjudican a los alumnos y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa”.

Una Orden que incumple la Ley

En concreto, la Orden de la Consellería d’Educaciò de Valencia no recoge los aspectos básicos de la asignatura Educación para la Ciudadanía recogidos en la LOE, que garantiza unas enseñanzas mínimas y comunes para todo el Estado que permiten, entre otras cosas, la movilidad de los alumnos.

Por otra parte, al articular dos opciones diferentes para la asignatura Educación para la Ciudadanía, la Consellería asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos: la organización y el proyecto educativo propio.

Asimismo, la normativa impide que los alumnos que cursaran la opción B, que permite la realización de un trabajo sobre un tema elegido por las familias, alcancen los objetivos de la asignatura. Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse.