La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, , explicó tras la aprobación del Plan que su finalidad es perseguir a aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores.

La aplicación de los dos planes de choque se extenderá hasta diciembre y tiene un doble objetivo: por un lado, regularizar el fraude detectado, aportando mayor estabilidad a las trabajadoras y trabajadores y mayor seguridad en cuanto a sus jornadas y, por otro, generar un efecto disuasorio entre las empresas incumplidoras.

Los planes de choque tienen una primera fase de detección de posibles situaciones irregulares a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, tanto en materia de contratación temporal como de abusos detectados en la contratación a tiempo parcial. Las empresas identificadas serán informadas para que regularicen voluntariamente su situación y repongan los derechos a los trabajadores afectados.

En una segunda fase, se analizarán los datos y comportamientos de las empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación, procediendose entonces al inicio de las actuaciones inspectoras oportunas.

En los supuestos en los que los Inspectores/as y Subinspectores/as comprueben la existencia de incumplimientos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social adoptará las medidas oportunas y se exigiran las responsabilidades que correspondan.

Los planes de choque serán objeto de seguimiento y evaluación durante el mes de enero de 2019 en el seno de la Comisión Permanente del y en la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Más impulso a la lucha contra el fraude

En línea con las actuaciones de lucha contra el fraude, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han reanudado formalmente la cooperación mediante la firma del entre ambas entidades centrado en hacer más eficaz la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las nuevas formas de intento de vulnerar la normativa de cotizaciones.

En esta estructura de colaboración, que se ha formalizado hoy con la firma del convenio, se incluye la elaboración conjunta de un Plan Anual de Objetivos para combatir formas concretas de fraude, determinando las acciones a realizar, los objetivos a conseguir y la infraestructura de medios necesaria. El Plan de Objetivos tiene habitualmente carácter anual, si bien es cierto que en 2018 tendrá una duración reducida de tan solo cinco meses -del 1 de agosto al 31 de diciembre- con una dotación presupuestaria de 960.000 euros.