El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, afirmó que la reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social es “de todo punto necesaria”, pues “castigar a quien defrauda no sólo es razonable, sino que además responde al clamor ciudadano”.

En su intervención ante el Pleno del Congreso, Castillo Calvín explicó que el ha considerado necesario que, junto a las medidas de índole organizativa y administrativa, “se instrumenten además herramientas normativas que permitan lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude”.

En este sentido, aseguró que “es justo que todos aquellos que tienen derechos cumplan igualmente sus obligaciones en el ámbito fiscal y en el socio-laboral” y que “lo injusto sería no dar una respuesta firme frente a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente de un sistema que soportan quienes sí cumplen lealmente con sus obligaciones”.

El portavoz de Justicia del GPP también recordó que esta reforma parcial del Código Penal no se trata de una reforma aislada, “sino acompañada”, pues son cuatro proyectos de ley en total los que forman un único conjunto de medidas para reducir el fraude fiscal y laboral.

Así, indicó que la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista “adolece de coherencia, es poco razonable y demagógica y no está justificada ni desde un punto de vista jurídico, ni desde un punto de vista de política legislativa, ni de política criminal”.

Castillo Calvín también consideró “poco coherente que, precisamente aquéllos que dicen defender a los trabajadores, se opongan a una reforma del Código Penal que dota de una protección real y más efectiva a los derechos de los trabajadores y que persigue su contratación irregular”.

Regularización Tributaria

El portavoz de Justicia del PP también explicó que la posibilidad de regularizar la deuda con carácter previo al inicio de comprobaciones por la o a cualquier comprobación judicial, “existe en nuestro Código Penal desde su entrada en vigor”.

En este sentido, aseguró que “ésta no es la primera vez que se modifican los artículos 305,307 y 308 del Código Penal” ya que “fueron los socialistas quienes introdujeron las causas de anulación de la pena en los delitos económicos de los artículos 305, 307 y 308”. “Ustedes -dijo- fueron los inventores de la regularización voluntaria de las deudas, que ahora tanto critican”.

Asimismo, precisó que “la reforma no facilita la regularización”, sino que, “al contrario, precisa que no es suficiente con la declaración de la deuda, sino que es necesario que el defraudador que ya ha consumado el delito -aunque no ha sido todavía descubierto- reconozca la deuda y pague lo debido”.

Según indicó, con el sistema actual, “los socialistas ofrecieron al defraudador la oportunidad de que con la simple presentación de los boletines de cotización, sin pago efectivo alguno y fuera de plazo, se exonerase de responsabilidad penal a los deudores; o que la acción de cobro de la administración tributaria se viera paralizada por la existencia del proceso penal”.

Así, el portavoz de Justicia del GPP aseguró que “los socialistas fueron los inventores de este nuevo modelo de delito fiscal, en el que la Administración Tributaria podría liquidar y recaudar la deuda aunque estuviera en marcha el proceso penal”.

También señaló que fue el Gobierno socialista “quien aprobó el Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria que permite en sus artículos 103 d) y 190.3) que la Administración pueda realizar liquidaciones provisionales en aquellos supuestos en los que haya una reclamación judicial o un proceso penal que afecte a los hechos comprobados”.

Por último, Castillo Calvín se mostró confiado en que, con las aportaciones constructivas de todos los grupos y el debate que se abre en la Cámara, se consiga que el sistema funcione de forma “más justa y solidaria”.