En este sentido, la portavoz popular ha recordado que “el se saltó las reglas del juego en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado lunes 30 de julio, presentando el Informe de Anteproyecto de Ley de las medidas correctoras del Real Decreto Ley 14/2012 relativa a enseñanzas no universitarias, sin la celebración de una Comisión General de Educación previa, en el que propone reducir el número máximo de alumnos por aula, que ya había incluido el PP en los PGE”.

También, ha añadido, “incluía una medida relativa a la potestad de las CCAA para regular las horas lectivas del profesorado, que los consejeros de las Comunidades gobernadas por el PP apoyan, como todas las que supongan una mejora de las condiciones del profesorado, pero no asumiendo el coste de la propuesta estatal, que cifran en más de 65 millones de euros para una Autonomía como la de ”.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado la petición de comparecencia urgente de la ministra de Educación y Formación Profesional, , en el para “aclarar las razones por las que el Informe del Anteproyecto de Ley de medidas correctoras del Real Decreto Ley 14/2012 relativas a las enseñanzas no universitarias, se ha presentado en la Conferencia Sectorial de Educación de 30 de julio de 2018 sin la celebración de una Comisión General de Educación previa y sin la correspondiente memoria económica que permita conocer las condiciones de financiación de las medidas propuestas”; motivo por el cuál “los consejeros del PP abandonaron la Conferencia en señal de queja.

Para la portavoz del GPP, “esta actitud del Gobierno es de una alta deslealtad institucional, ya que pretende imponer a las CCAA que lleven a cabo las medidas en un tiempo récord, sin compromiso de financiación y sin haber valorado previamente el coste”.

“La misma deslealtad que tuvo el PSOE cuando abandonó la Subcomisión que trabajaba por un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, donde estaba participando toda la comunidad educativa, con la excusa de la necesidad de una inversión del 5% del PIB, que ahora que está en el Gobierno no cumple”, ha denunciado Dolors Montserrat.

ATAQUES A LA CONCERTADA QUE EL PP VA A DEFENDER

Por otro lado, ha relatado la portavoz popular, “el ha anunciado que pretende cambiar la LOMCE para eliminar la obligación actualmente existente por la que las administraciones educativas deben programar la oferta educativa de las enseñanzas gratuitas y deben garantizar la existencia de plazas suficientes, teniendo en cuenta, además de otros factores, la demanda social, es decir lo que pidan las familias”.

“Esto -ha subrayado- es un ataque a la educación concertada porque desaparece la obligación de garantizar plazas en centros concertados, aun cuando hay demanda”.

“Frente a estos ataques a la libertad de elección de los padres, el Gobierno va a encontrar la oposición frontal del ”, ha aseverado Dolors Montserrat, quien ha destacado que “la escuela concertada educa a más de dos millones de alumnos en España, el 25,9% del total y la mayoría son centros católicos”.

Por último, la dirigente popular ha afirmado que “el PP considera que el debate debe centrarse en la adaptación y actualización digital de la educación y no en atacar la libre elección de las familias”.