Nunca en 40 años nos habíamos encontrado con un desafío de esta naturaleza. Un desafía al Estado de Derecho, a la convivencia, de manera tan palmaria, tan clara y, diría yo, tan grosera por ser tan evidente. Nunca unos dirigentes autonómicos se habían comportado con tanta irresponsabilidad, dividiendo a la propia sociedad catalana y generando muchísimo daño a aquellos a los que dicen representar.

Porque el tenía una legitimidad de origen a través de unas elecciones, a través de la ley, pero la han ido perdiendo día a día, a medida que iban incumpliendo todos y cada uno de los preceptos legales y de la Constitución Española. Esa legitimidad la han perdido y, por eso, el Gobierno de España se ha cargado de razones, está siendo acompañado por las principales fuerzas políticas, y ha tenido que tomar obligado estas decisiones para restablecer la Constitución y la ley. Por lo tanto, el Gobierno lo que hace es cumplir con su obligación.

El artículo 155 está en la Constitución para estos casos precisamente. Y no solo en la Constitución Española, sino también en otras constituciones europeas. Lo que hace el Gobierno es cumplir con su obligación habiéndose cargado de razones hasta ahora, y acompañado por las principales fuerzas políticas, para devolver la legalidad constitucional y estatutaria a Cataluña.

Son medidas muy amplias, sí, también temporales, porque tienen como objetivo, como he dicho antes, devolver la legalidad constitucional y estutaria y tienen el objetivo de ser eficaces. Ese es un concepto, sin duda, muy importante, y acabarán en unas elecciones.

Se trata de garantizar la neutralidad de las instituciones catalanas recuperando su autogobierno, de recuperar el pluralismo político que ahora se está viendo amenazado –cuando no secuestrado, por el propio independentismo–, y, al mismo tiempo, acabar con el caos económico y social que está generando el independentismo y que tanto está perjudicando a la propia sociedad catalana.

Después de haberse aplicado este artículo 155, tengo que decir que los servicios públicos en Cataluña funcionarán igual, los pensionistas seguirán cobrando su pensión, los funcionarios seguirán cobrando su nómina con normalidad y los grandes servicios públicos funcionando con normalidad, porque lo que se hace es cesar a aquellos que han causado el problema. Lo que se hace es cesar a aquellos que han generado esta profunda división y el objetivo último es devolver, como es lógico, la voluntad a los ciudadanos a través de las urnas, pero, en primer lugar, recuperar las instituciones para la ley y para la Constitución, y acabar con el caos económico y social que han generado los independentistas.

Y digo que el objetivo último son las elecciones pero, en primer lugar, el objetivo es recuperar la legalidad constitucional y estatutaria. Y es bueno no cambiar el orden, porque el orden de los factores sí altera el producto.

Por lo tanto, en primer lugar, recuperar esa legalidad institucional, acabar con el caos económico y social que ahora existe en Cataluña, recuperar también la convivencia democrática, la normalidad institucional y luego, como gran objetivo último, serán las elecciones en ese plazo máximo de seis meses, que deben celebrarse dentro de la legalidad y con garantías. Unas verdaderas elecciones desde la normalidad y la serenidad institucional y, si es posible, con el mayor grado de calma social posible.

Por eso hoy, desde el PP, lo que pedimos a los españoles es confianza en el Gobierno. Confianza en el Gobierno porque está actuando en tiempo y en forma. Está actuando desde la prudencia, pero también está actuando desde la firmeza, está actuando, además, con el apoyo de las principales fuerzas políticas que representan casi el 75% del y desde la legalidad constitucional. Por lo tanto, estamos pidiendo hoy esa confianza porque el Gobierno llegará hasta el final para recuperar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña”.