Mariano Rajoy ha explicado que el Gobierno no reformará de nuevo el sistema de pensiones: “Todo lo que teníamos que aprobar ya se ha hecho y constituye un avance decisivo para garantizar un alto nivel de bienestar social”. Además, ha recordado que hay un sistema de sostenibilidad de las pensiones plasmado en una ley que establece que no se podrán bajar ni congelar y que crecerán como mínimo un 0,25% anualmente y como máximo el más 0,50%, en función de la evolución de la economía.

El presidente respondía así al portavoz del Grupo Socialista en el Senado, , quien le preguntó si el Gobierno está insinuando una nueva reforma del sistema de pensiones.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, Rajoy también ha defendido la reforma fiscal presentada el pasado viernes asegurando que “a quien más beneficia es a los pensionistas porque baja los impuestos a todos”. A su juicio, esta reforma tiene un “fortísimo contenido social” y sirve para “generar crecimiento económico y empleo y mejorar la competitividad”.

Desde el punto de vista social, Rajoy ha argumentado que quienes ganen menos de 12.000 euros al año no van a tributar y que la reducción del IRPF recae sobre todo en las personas que ganan menos de 18.000 y de 24.000 euros al año, que pagarán un 20% menos de impuestos.

Beneficios del Tratado de Libre Comercio

El presidente del Gobierno estima que el Tratado Transatlántico de Libre Comercio que está siendo objeto de negociación entre los Estados Unidos y la Unión Europea “resulta estratégico a la hora de producir crecimiento” en ambas regiones y creación de empleo. Mariano Rajoy respondía con esta afirmación al senador del Grupo Parlamentario Mixto José Manuel Mariscal Cifuentes.

En su opinión, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, la apertura de los mercados, la simplificación de trámites y procedimientos y la devolución de costes operativos ofrecerán oportunidades a los operadores económicos y mayor posibilidad de selección para clientes y consumidores a ambos lados del Atlántico.

Entre los beneficios que el Tratado podría reportar, Mariano Rajoy ha anticipado que, según los datos que maneja el Gobierno, el PIB podría aumentar entre 68.000 y 119.000 millones de euros en la Unión Europea; las exportaciones crecerían un 6% en y un 8% en Estados Unidos; y se produciría un aumento de la renta disponible de unos 545 millones de euros para una familia media europea de cuatro miembros.

El Ejecutivo también estima que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría suponer un aumento del empleo del 0,5%. España, según el presidente, sería uno de los países más beneficiados ya que “se podrían crear 143.000 puestos de trabajo en el escenario más ambicioso y 36.000 en el menos”.

Calidad de la democracia española

En respuesta a las críticas del portavoz de la Entesa del Progrés de Catalunya, , sobre la calidad de la democracia española, el presidente ha pedido que no se dé “pábulo a los discursos que hacen algunos desde posiciones radicales y extremistas porque no se corresponden con lo que está sucediendo en nuestro país”.

Mariano Rajoy ha reconocido que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero ha reiterado que no se puede “caer en la tentación continua de cuestionar la calidad democrática de nuestro orden constitucional” porque éste consagra los derechos y libertades públicas y está basado en unas instituciones legalmente consagradas y que funcionan.

Al respecto, ha puesto como ejemplo que la sucesión a la jefatura del Estado se resolvió en 15 días sin ningún problema y nadie habla del asunto, lo que “es la demostración inequívoca de la salud de la Constitución española”.

El presidente ha repasado las decisiones ya adoptadas para mejorar la calidad de la democracia, entre las que ha citado la aprobación de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos; la Ley de Transparencia, Acceso a la ; y la Ley que modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, y ha avanzado que pronto se presentarán leyes para agilizar la justicia y un conjunto de medidas procesales y penales para luchar contra la corrupción.