Dentro de dichas obligaciones, cuenta con un papel destacado el deber de cada Estado Miembro de remitir a un Informe sobre su contratación pública referido al ejercicio de 2017. España cumplió con esta importante obligación en el día de ayer, remitiendo el informe dentro del plazo establecido para ello.

El informe, que se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Transparencia , recoge información cualitativa y estadística de los contratos realizados por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales el año pasado, recogiendo por primera vez datos en materia de contratación que no se encuentran accesibles de forma estandarizada y que provienen de la información que han suministrado a la Dirección General del Patrimonio del Estado las entidades contratantes de toda España.

Sostenibilidad de los consorcios de zona franca

El subsecretario ha destacado que el Proyecto de Ley de PGE incorpora la cesión a los Consorcios de Zona Franca del recurso regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre. Hasta el momento, únicamente los Consorcios de las Zonas Francas de y de lo tienen cedido.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 amplía la cesión a los restantes cinco Consorcios de Zona Franca (Consorcios de las Zonas Francas de , Gran Canaria, Tenerife, y Santander). Se les dota así de una nueva fuente de financiación que contribuirá a su sostenibilidad financiera y a potenciar su capacidad de inversión y de generación de empleo. Junto a esta medida, el Proyecto de Ley contempla también la creación de un Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, cuyo objeto será la redistribución de recursos del conjunto de los Consorcios de Zona Franca.

Venta de inmuebles

El subsecretario ha informado, asimismo, que el Ministerio de Hacienda y Función Pública va a proceder próximamente al desalojo de determinadas unidades administrativas ubicadas en la calle María de , 50 de , con la finalidad de mejorar la seguridad en su trabajo, y posteriormente pondrá a la venta el edificio con el objetivo de amortizar los arrendamientos que provisionalmente ocuparán el personal de dichas unidades.

El espacio ocupado por las unidades a desalojar alcanza la cantidad de 42.132 metros cuadrados de superficie construida y 396 plazas de aparcamiento.

Para amortizar los nuevos arrendamientos y dada la existencia de suelo de titularidad estatal, sin coste de adquisición, por tanto calificados urbanísticamente como dotacionales públicos, se pretende la construcción en ellos de inmuebles para alojar las unidades ubicadas actualmente en el citado complejo.

La financiación de estas actuaciones se va a realizar mediante la puesta en valor en el mercado de los citados espacios de María de Molina, 50, que, a diferencia de los inmuebles a construir, tiene una calificación urbanística que admite usos lucrativos privados. Ello permitirá la construcción de inmuebles estatales suficientes para amortizar no sólo los nuevos arrendamientos, sino también, otros arrendamientos existentes destinados, igualmente, a alojar unidades administrativas. Se prevé un incremento de la superficie neta destinada a uso administrativo de 16.150 metros cuadrados.

Para ello, la Dirección General de Patrimonio del Estado se va a poner en contacto con las consultoras inmobiliarias más relevantes, sin perjuicio de que la venta se realice mediante subasta pública.

Plan de acción para la transformación digital (PATD)

Finalmente, el subsecretario ha destacado el importante grado de ejecución del Plan de Acción para la Transformación Digital en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, situado a principios de abril en el 26,91 %.

El PATD, cuya ejecución comenzó el 1 de junio de 2017 y se extenderá hasta 2020, contiene 10 áreas de trabajo orientadas a cumplir el objetivo final de la transformación digital de los procedimientos y servicios del Ministerio.

Entre los objetivos definidos para las diferentes áreas cabe destacar la reorganización e interconexión de los registros, la racionalización de los sitios web y mejora de sus contenidos, la provisión de servicios digitales adaptados a plataformas móviles, la potenciación del acceso a la Plataforma de para evitar la aportación de documentos por los interesados o la puesta en funcionamiento del archivo electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Con todo ello se da cumplimiento a las previsiones recogidas en las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administrativas Públicas y la del .