El aprobó este miércoles las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos del , lo que implica que las cuentas no se seguirán tramitando. El PP, Ciudadanos, ERC y el PDeCAT se unieron en contra de las cuentas del Ejecutivo socialista, que beneficiaban a la mayoría de este país.

Estos presupuestos eran un órdago a la desigualdad, acababan con los recortes del PP y atendían los problemas cotidianos de la gente. Casi seis de cada diez euros iban destinados a gasto social, un 6,4% más que el año pasado. Eran los presupuestos más sociales de la democracia.

Las cuentas tenían tres grandes objetivos: en primer lugar, lograr un crecimiento económico más inteligente, sostenible e inclusivo; en segundo lugar, fortalecer las políticas sociales, el Estado del Bienestar y redistribuir la riqueza, impulsando la clase media y protegieron a los colectivos más vulnerables; y, finalmente, reducir el déficit y la deuda para cumplir con Europa.

El PP y Ciudadanos decidieron votar en contra porque se han radicalizado y están inmersos en una batalla con la ultraderecha que les ha llevado a desentenderse de los intereses de la ciudadanía. En lugar de procurar que la gente viva mejor, han optado por una actitud irresponsable y peligrosa: son una oposición dañina, destructiva y retrógrada.

Frente a unos presupuestos que apostaban por la igualdad y la justicia social, el PP y Ciudadanos insisten en un modelo fracasado: el de la desigualdad, los recortes y la pobreza que impuso el ; un modelo injusto que empobrece a las clases medias y trabajadoras, destruye el Estado del Bienestar y que hizo que España incumpliera los objetivos de deuda y déficit.

Los independentistas, por su parte, se equivocaron al pensar que el Gobierno aceptaría lo inaceptable: los socialistas apostamos por el diálogo y no miramos hacia otro lado ante los problemas, pero no negociamos al margen de la Constitución. El Gobierno ni quiere ni puede rebasar ese límite, porque ir contra la unidad del país y la convivencia sería muy negativo.

Quienes han votado no a estos presupuestos han votado no a todas estas políticas concretas:

El mayor incremento del salario mínimo interprofesional de la democracia: de 736 a 900 euros.

Subida de las pensiones: 1,6% para las generales, 3% para las mínimas y no contributivas y 7% para las de viudedad.

Subida del salario de los funcionarios de entre el 2,25% y el 2,75%.

Recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que beneficiaría a 114.000 personas. 670 millones para un plan de choque de empleo joven.

885 millones en bonificaciones para la contratación indefinida y favorecer el empleo digno de colectivos como personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, jóvenes y víctimas de violencia de género.

Incremento del 4,7% en las partidas para políticas activas de empleo.

Incremento de 831 millones en la partida para atender a las personas con dependencia.

Recuperación de la cotización para las personas cuidadoras de personas con dependencia.

Eliminación de los copagos en los medicamentos para pensionistas y familias con rentas bajas, lo que beneficiaría a 7 millones de personas.

Subida del 10% de la partida de becas.

Bajada de tasas universitarias.

100 millones de euros para ayudas para libros de texto, el doble que el año pasado.

Promoción de la escuela de 0 a 3 años.

Ingreso mínimo vital para sacar a 82.000 niños de la pobreza severa.

Ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas.

Deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas que incorporen a mujeres a su consejo de dirección.

Bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina para acabar con la tasa rosa y equipararlos a bienes de primera necesidad.

Incremento del 10%, hasta los 220 millones, para luchar contra la violencia de género.

137 millones de euros para promover alquileres a precios asequibles.

145 millones de euros para apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Rebaja de dos puntos en el Impuesto de Sociedades para una de cada cuatro empresas, que facturan menos de un millón de euros.

Subida de 357 millones en las partidas para I+D civil.

300 millones de euros para favorecer la eficiencia energética y la apuesta por las energías renovables.

Aumento del 10% en la partida de Cultura, hasta los 953 millones de euros.

15 millones de euros para memoria histórica.

973 millones de euros de inversión real en infraestructuras, un 26,6% más que en 2018, lo que permitiría crear 285.000 puestos de trabajo.

329 millones para carreteras, con el fin de reducir los accidentes y la mortalidad.