El ministro de Economía y Competitividad, , ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas , que responde a la necesidad de adaptar la normativa española a la comunitaria. El texto refuerza la transparencia y la supervisión del sector y busca, según ha especificado el ministro, “incrementar, incentivar y generar una mayor independencia entre el auditor y el auditado”.

Luis de Guindos ha explicado que la norma establece los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades de interés público (EIP), es decir, las entidades de crédito, aseguradoras y empresas que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), así como las instituciones de inversión colectivas, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.

La futura ley refuerza la independencia de estos profesionales. Las empresas de este sector tendrán limitaciones para prestar servicios complementarios a los de auditoría. “Se establece una lista de once servicios completamente incompatibles”, ha precisado el ministro. Además, ha apuntado que los familiares del auditor tampoco pueden prestar servicios incompatibles a la entidad auditada para que “no haya ningún tipo de conflicto que pudiera mermar su independencia”. ​

Luis de Guindos ha anunciado que, por primera vez en España, se fija una duración máxima de los contratos de auditoria de diez años, con el fin de garantizar la objetividad e independencia del auditor en relación con las cuentas auditadas.

​El ministro ha explicado que se limitan los honorarios percibidos por los auditores de las EIP. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios.

Por otra parte, se refuerza la transparencia al exigirles un informe adicional que deben entregar al comité de auditoría que, con carácter general, deberán tener todas las EIP. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la responsable de supervisar el cumplimiento de estas funciones, sin perjuicio de las atribuciones reservadas al (ICAD), que amplía sus competencias.

Instituciones de inversión colectiva​

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que modifica el reglamento que regula las instituciones de inversión colectiva . La norma complementa la reforma emprendida en noviembre de 2014 con la Ley 22/2014 de las entidades de capital-riesgo y de las entidades y gestoras de inversión colectiva.​

El titular de Economía y Competitividad ha precisado que la finalidad del cambio normativo es fomentar la modalidad de financiación directa a las empresas y reducir la alta dependencia del crédito bancario. “En España -ha apuntado- tenemos un problema: el 95% de la financiación de las Pymes es bancaria. Cuando hay una crisis bancaria se traduce inmediatamente en una restricción de crédito y genera una recesión. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno es intentar incrementar otras fuentes adicionales de financiación”.

El decreto permite que las instituciones de inversión colectiva de inversión libre puedan invertir en facturas y otorgar préstamos. También autoriza la comercialización activa estas instituciones a minoristas cualificados, siempre y cuando se realice un desembolso mínimo de 100.000 euros y dejen constancia por escrito de que conocen los riesgos inherentes a la inversión.

Supervisión y solvencia financiera​

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito . El texto adapta el marco normativo de las entidades de crédito a los nuevos requerimientos de supervisión integrada del .

Luis de Guindos ha precisado que la norma desarrolla las condiciones de funcionamiento de los bancos en España, como “los requisitos de idoneidad de los administradores y las cuestiones relativas al Gobierno corporativo”. También regula las cuestiones relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito y define las necesidades de capital en función de las características de cada entidad. ​

Además, desarrolla el ámbito de supervisión del y el marco de colaboración con otros supervisores, en particular, con el Banco Central Europeo, dentro del Mecanismo Único de Supervisión Europea.

Debate sobre el estado de la nación

Por otra parte, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno enviará hoy al Parlamento la solicitud formal para la celebración del Debate sobre el estado de la nación, que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mes.

“Siendo el tercero y el último de la legislatura, vamos a hacer un balance de los resultados de estos tres años de reformas y, al mismo tiempo, plant​ear los proyectos para este último año de mandato”, ha señalado la vicepresidenta. El documento remitido al Congreso de los Diputados se estructura en tres grandes ejes.​

El primero es el de la recuperación económica. A juicio de Sáenz de Santamaría, el programa de reformas ejecutado por el Gobierno “nos ha permitido pasar en menos de tres años de ser un país al borde del rescate y en recesión a tener una de las mayores tasas de crecimiento de las grandes economías europeas”. Ese crecimiento, ha añadido, se traduce ya en la creación de empleo, lo que en 2015 “permitirá trasladar con mayor intensidad la recuperación a las familias y, además, garantizar la sostenibilidad del bienestar de los españoles”.

Las medidas adoptadas en el terreno de la regeneración democrática constituyen el segundo capítulo del balance. La vicepresidenta ha subrayado que “suponen una nueva cultura de lo público, con más responsabilidad en los gestores, más transparencia en la Administración y mayores medidas contra la corrupción”.

Por último, el Ejecutivo planteará en el Debate un análisis de la fortaleza de las instituciones democráticas, “poniendo en valor el ​marco de convivencia que garantiza nuestra Constitución”.

Además, el Gobierno presentará las líneas maestras de su labor durante el resto de la legislatura: la consolidación del empleo, la puesta en marcha de la Agenda Social, la culminación de las reformas estructurales, la consolidación de la reforma de las administraciones públicas y la tramitación de las medidas de regeneración democrática.

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha autorizado la compra de alimentos para las personas más desfavorecidas por valor de 57,3 millones de euros. Se trata de la primera adquisición del Programa de Ayuda Alimentaria 2015, dotado con 118 millones de euros, 40 más que el del año pasado.

​La adquisición se realiza a través del Fondo Español de Garantía Agraria, que suministra los alimentos a entidades como Cruz Roja Española y la ; a su vez, estas los distribuyen entre unas 9.000 organizaciones para su entrega gratuita a las personas en situación de pobreza o de especial vulnerabilidad social.

El Gobierno también ha acordado una declaración de reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre de Las Aletas , en el término municipal de (). En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, se trata de un “paso decisivo” para construir en esa zona un parque logístico y tecnológico que se estima que generaría unos 18.000 puestos de trabajo.​

Asuntos de actualidad

​A preguntas de los periodistas sobre las relaciones entre el y el nuevo Ejecutivo griego y la aparente falta de contacto entre ambos presidentes, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que las autoridades helenas se han reunido con “algunos presidentes y ministros europeos, pero no con todos” y ha reiterado que la postura del Ejecutivo español, en línea con el conjunto de la UE, es que “no puede caber una quita de la deuda de ”. “Hemos sido solidarios con los ciudadanos griegos, pero a la vez somos muy exigentes con sus gobiernos porque tienen que cumplir sus compromisos”, ha especificado.

Sobre esta cuestión, el ministro de Economía y Competitividad ha detallado que “la cifra de la exposición directa de España con Grecia es de 26.000 millones de euros”, “lo que se gasta en desempleo anualmente”. Esta ayuda es “de total solidaridad porque la exposición de los bancos españoles con Grecia era prácticamente inexistente”. “Lógicamente, España quiere y va defender que se ​devuelvan los créditos, porque es dinero de todos los españoles”, ha añadido. ​

Sáenz de Santamaría ha asegurado que, mientras que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, en 2010, cuando se conoció la inclusión de ciudadanos españoles en la llamada ‘lista Falciani’, formuló un requerimiento para que los afectados realizaran una declaración complementaria que regularizara su situación, sin seguir un “procedimiento ad hoc”, el actual Gobierno, “con transparencia” y siguiendo “los trámites correspondientes”, ha logrado, en su lucha contra el fraude, recaudar más de 12.000 millones de euros en 2014 y, “lo que es más importante, el afloramiento de nuevas bases impositivas”.

A propósito de la evolución de la economía española, el ministro de Economía y Competitividad ha señalado que la previsión del Gobierno es de un crecimiento del 2% para 2015, una previsión que obedece a la “prudencia y la cautela del Gobierno” y que muchos analistas han elevado. Ha subrayado que sobre todo “importa la tendencia y resaltar el giro en el comportamiento de la economía española, en el PIB y en el empleo”, que tiene que ver con “el esfuerzo y con las reformas realizadas en condiciones no sencillas”.

​Preguntado por sus impresiones sobre las negociaciones que están llevando a cabo los agentes sociales, Luis de Guindos ha manifestado su convencimiento de que el acuerdo salarial a que se llegue “será razonable” y ha puesto de relieve que la inflación negativa (-1,3%) y la bajada de tipos en el IRPF​ son factores positivos para “el bolsillo de los ciudadanos”.