Durante su intervención enla VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Empleo y Seguridad Social, Llorente recalcó que los poderes públicos tienen el deber de facilitar todos los instrumentos necesarios para combatir estas conductas “profundamente insolidarias e injustas”.

En este sentido, señaló que este año la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se va a reforzar con la incorporación de 53 nuevos inspectores y 63 subinspectores, un refuerzo de efectivos que, en un año de contención de la oferta de empleo público, evidencia el fuerte compromiso del Gobierno en la lucha contra la economía irregular.

Llorente hizo hincapié en las consecuencias negativas de este tipo de conductas tanto para los trabajadores, que ven mermada su protección de seguridad social, como para los empresarios por lo que supone de competencia desleal, a lo que añadió los “efectos perniciosos” que el trabajo no declarado tiene en la financiación de los sistemas de seguridad social.

“La lucha contra el trabajo no declarado y el fraude en las prestaciones de Seguridad Social es uno de los retos más importantes de los gobiernos en materia social”, afirmó Llorente.

Entre las medidas llevadas a cabo por el en materia de lucha contra el fraude, Llorente recalcó el plan aprobado por el Gobierno español en abril de 2012, con el objetivo de combatir el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y que está centrado en el combate de la economía sumergida, la prevención y corrección del fraude en prestaciones públicas -especialmente desempleo-, la falta de alta en la Seguridad social de los trabajadores y la detección del fraude en bonificaciones.

Entre las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para combatir las conductas irregulares, Llorente destacó un plan de choque dirigido a hacer las estructuras más modernas y operativas y el refuerzo de los equipos de la inspección de trabajo.

En este sentido, señaló que este año la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se va a reforzar con la incorporación de 53 nuevos inspectores y 63 subinspectores, un refuerzo de efectivos que, en un año de contención de la oferta de empleo público, evidencia el fuerte compromiso del Gobierno en la lucha contra la economía irregular

El subsecretario de Empleo y Seguridad Social destacó también la importancia de la colaboración institucional. En este sentido, destacó la importancia de los acuerdos para intercambio de información firmados con la , la , Jueces y Fiscales, Notarios y Registradores y las Comunidades Autónomas. “Incluso, dijo, no estamos cerrados a mecanismos de colaboración público-privada”, afirmó.

En este objetivo de “perseguir de una manera más eficaz el fraude en las prestaciones de Seguridad Social”, Llorente anunció la puesta en marcha de campañas específicas en sectores concretos, con una serie de visitas programadas con el objetivo de fijar claramente donde están las “bolsas de fraude”.