​Con motivo del Día contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, que se celebra hoy, 23 de septiembre, UGT valora la ratificación, por parte de nuestro país, del Protocolo al Convenio de Trabajo Forzoso de la OIT, pero, al no entrar en vigor hasta el año que viene, reclama al Gobierno la necesidad de abrir de manera urgente un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales para elaborar un plan de acción contra esta forma de esclavitud. El sindicato demanda incluir en este diálogo la explotación sexual como una de las formas que adopta el trabajo forzoso; analizar y promover las reformas necesarias en todos los ámbitos para responder eficazmente a las formas que adopta la explotación laboral; y retomar la elaboración del pendiente plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral con una dotación presupuestaria suficiente.

Con motivo del Día contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, que se celebra hoy, 23 de septiembre, la Unión General de Trabajadores valora la ratificación del Protocolo al Convenio de Trabajo Forzoso de la OIT y recuerda al Gobierno que este protocolo exige la elaboración, con las organizaciones sindicales y empresariales, de una política y un plan de acción nacionales contra esta forma de esclavitud. Tras todos estos años ignorando la realidad de las distintas formas que adopta la explotación laboral en España, incluida la trata de seres humanos, el Gobierno tiene la obligación de reconocer su existencia y adoptar medidas conjuntamente con los interlocutores sociales, si quiere cumplir con los mandatos del Protocolo.

El sindicato recuerda que dicho protocolo entrará en vigor en nuestro país dentro de un año, por lo que es necesaria la inmediata puesta en marcha del proceso tripartito para abordar una situación cada vez más grave en nuestro país y que el Gobierno ha preferido ignorar. Como consecuencia de la crisis, del desempleo, pero sobre todo de las reformas laborales y de otras políticas que han rebajado la protección social, el abanico de colectivos vulnerables a la explotación laboral se ha multiplicado. La necesidad empuja a aceptar condiciones de trabajo que hace unos años nos parecían impensables.

En un marco de políticas que han legalizado la vulneración de derechos laborales, la explotación laboral adopta muchas formas, desde las más graves, incluida la trata de seres humanos, que ponen en peligro las vidas de trabajadores y trabajadoras, a las infracciones administrativas y, porque no, a la conversión en legal de retrocesos en los derechos laborales. Todo ello conduce a una “normalización” del abuso de los derechos de los trabajadores y de la explotación laboral.

Es preciso reconocer la labor de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra la explotación laboral. Pero es necesario un marco normativo integral, de coordinación y colaboración, que sirva de respaldo a estas actuaciones, que incluya a los interlocutores sociales y que implique medidas efectivas de detección y protección de las víctimas. Un marco, en el que como recuerda la propia definición del trabajo forzoso de la OIT, también se debe incluir la explotación sexual.

Para UGT, no se puede esperar un año para adoptar las disposiciones necesarias para cumplir este protocolo, por lo que exige al Gobierno:

  • Iniciar de inmediato del dialogo tripartito para comenzar a diseñar una política y un plan de acción nacionales contra el trabajo forzoso.
  • Incluir en ese diálogo la explotación sexual, como una de las formas que adopta el trabajo forzoso. Explotación sexual que, entre otras, incluye para la Unión General de Trabajadores toda forma de prostitución.

  • Analizar y promover las reformas necesarias en el ámbito penal, laboral y de extranjería, tanto para responder eficazmente a las formas que adopta la explotación laboral y sexual como para proteger a todas sus victimas.

  • Retomar de forma inmediata, la elaboración del pendiente Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, con una dotación presupuestaria suficiente.