​Los datos de IPC, correspondientes al mes de agosto, recogen un incremento de los precios en un 0,2% respecto al mes anterior, situando la tasa anual en el 1,6%. Llevamos doce meses de tasa anual en positivo, pero ese crecimiento se sigue sin trasladar a las rentas salariales y a las prestaciones sociales. Resulta urgente que la recuperación sea real para las familias de nuestro país. Por ello, UGT exige aumentar el salario mínimo hasta los 1.000 euros y actualizar todas las rentas salariales y las pensiones y prestaciones sociales, además de aprovechar este crecimiento para afrontar el necesario cambio de modelo productivo que nos lleve a más economía y más y mejores empleos.

Los datos publicados hoy por el vuelven a confirmar el indicador de precios adelantado, un incremento de la tasa mensual de 0,2%, nueve décimas por encima del mes de julio, de modo que la tasa anual se sitúa en el 1,6%, lo que supone una décima más que en el mes de julio y 1,7 puntos por encima de la tasa anual de agosto de 2016, que fue de -0,1%. La variación acumulada en el año es -0,5%, la misma que se reflejaba en agosto de 2016.

La tasa anual de inflación subyacente, es decir, sin alimentos no elaborados i productos energéticos, disminuye dos décimas respecto al mes de julio, situándose en agosto en el 1,2%. De esta manera, se vuelve a ampliar la diferencia respecto a la tasa general, tanto por la bajada de la subyacente como por la subida de la general.

Con respecto al Índice de Precios de Consumo Armonizado se sitúa en agosto en el 2,0%, lo que supone un crecimiento de tres décimas por encima de la tasa del mes de julio. La variación mensual ha sido de 0,2%. El indicador adelantado para la Unión Monetaria se calcula que será el 1,5%, dos décimas por encima del registrado en el mes de julio, lo que supone que el dato de España se situará cinco décimas por encima, ampliando en una décima de nuevo la distancia reflejada en el mes de julio.

Conclusiones

Los datos de precios consolidan una senda de precios más acorde con la situación de crecimiento económico, con doce meses de tasa de variación anual en positivo, pero también evidencian la urgencia de trasladar el crecimiento a las rentas salariales y a las prestaciones sociales, en definitiva, a las familias.

Estamos creciendo a un ritmo muy superior al previsto por el Gobierno, con un PIB que en trimestre de 2017 recogió un incremento del 3,1%, y el INE acaba de revisar al alza el crecimiento de 2015 al 3,4% y el de 2016 al 3,3%. Pero las políticas de austeridad y las reformas laborales han hecho recaer todo el peso del ajuste sobre los trabajadores y sus familias, agudizando la desigualdad y aumentando la pobreza en un país donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más y más pobres.

La elevadísima precariedad laboral y la intensa devaluación salarial, acentuadas por las reformas, hacen que se cree empleo de muy escasa calidad: la cuarta parte de los contratos que se realizan son de duración inferior a una semana y los salarios de entrada han disminuido muy intensamente. Esta situación provoca que no se recupere la pérdida de peso de las rentas salariales sobre el PIB, de modo que el crecimiento del consumo se realiza a costa del ahorro, lo que puede perjudicar el crecimiento y la creación de empleo.

No estamos en una primavera del empleo: los niveles de desempleo continúan muy altos y la calidad de los empleos disminuye velozmente. Es preciso trasladar con urgencia el crecimiento a las familias y, para ello, UGT reclama que se reparta este crecimiento con mayor justicia. Cada vez hay más trabajadores pobres y el salario medio solo permite afrontar el 50% de los gastos de un hogar medio.

Por ello, desde UGT estamos llevando a cabo la campaña #PonteA1000, una campaña que llevaremos a la negociación colectiva y que pretende un crecimiento generalizado de los salarios, con cláusula de garantía que proteja las subidas negociadas de la evolución de los precios, y con especial repercusión en los salarios más reducidos, de modo que ningún convenio sitúe el mínimo salarial por debajo de los 1.000 euros.

Y hay que actualizar todas las rentas salariales y las pensiones y prestaciones sociales, por lo que, además de las subidas salariales en convenio, el Gobierno debe actuar en esta materia para garantizar:

  • Que los salarios de los empleados públicos vayan recuperando el poder adquisitivo perdido, por lo que deberán subir por encima de la inflación, con cláusula de garantía.
  • Que el salario mínimo crezca de modo que se pueda alcanzar al menos 1.000 euros al final de la legislatura.

  • Que las pensiones y prestaciones sociales recuperen el poder adquisitivo perdido.

Se trata de que la recuperación llegue a las familias, de que las personas sientan que estamos en una senda de crecimiento. Por justicia social, pero también por eficiencia económica, para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la senda de crecimiento.

Y queremos insistir en la necesidad de aprovechar el periodo de crecimiento para afrontar el necesario cambio de modelo productivo, basándolo en sectores más fuertes y de alto valor añadido, que generen más empleos y de mayor calidad.