El derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y “accesible” es para UGT un problema de vital importancia debido a la acuciante preocupación existente entre numerosos ciudadanos y ciudadanas que deben soportar el grave desajuste existente entre la compra o alquiler de una vivienda y su salario medio.

En este sentido el último Informe del (Indicadores del Mercado de la Vivienda, mayo 2018), indica que el esfuerzo inmobiliario (índice que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio), se sitúa en 7,1 años, lejos de los niveles que los expertos consideran saludable (de 4 a 5 años). Pero aún más preocupante es el Informe de la (TINSA), que considera este esfuerzo en 7,6 años de media (0,5 décimas por encima del anterior) y desglosado por CCAA sitúa a y entre las que menor esfuerzo se necesita (4,9 y 5,1 respectivamente), pero en el lado opuesto se encuentran y con 8,4 y 8,1, siendo superadas con amplio margen por con un esfuerzo de 14,7 años.

Dificultades

Ahondando aún más en el problema, la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE (junio de 2018), estima que el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6% de la población residente en España, frente al 22,3% registrado en el año anterior y que los españoles que manifestaron llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, se encuentra en el 9,3% siendo, por este orden, las principales carencias: no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (98,8%); no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (98,5%); no pueden permitirse el mantener la vivienda con una temperatura adecuada (77,8%) y han tenido retraso en el pago de gastos relacionados con suministros de la vivienda principal (66,2%).

Todo ello se ha traducido durante el periodo 2008-2016, en que medio millón de familias, es decir millón y medio de personas han perdido su vivienda habitual, en un contexto igualmente de fuertes ajustes presupuestarios en los que la inversión en vivienda ha sufrido fuertes recortes: hemos pasado de 1.123 millones de euros en 2011 a unos exiguos 446 en el 2018, situándonos en uno de los países de la UE que menos destina a gasto público en vivienda social en relación a su PIB.

Un grave problema social

Desde UGT, denunciamos este grave problema social que sufren multitud de ciudadanos y ciudadanas en general y trabajadores en particular, al verse expulsados de sus viviendas habituales por no poder hacer frente a la hipoteca o a la renta de alquiler, o bien no poder acceder a una vivienda en condiciones de normalidad, lo cual hace de nuestro país uno de los países de la UE con un menor nivel de protección social y ser uno en el que se dan los mayores índices de exclusión residencial. Es por ello que desde UGT proponemos, entre otras, las siguientes medidas:

  • Se hace prioritaria una recuperación de las rentas, con subidas salariales razonables que hagan posible la recuperación del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años y todo ello por la vía de la negociación colectiva.
  • Imprescindibles resultan ciertas reformas legislativas, entre otras: establecer unos requisitos mínimos a cumplir por todas las CCAA, en los diferentes Planes Estatales de Vivienda; que el “carácter social” de las viviendas protegidas lo sean durante toda su vida útil impidiendo su especulación; establecer como derecho subjetivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible cuando se carezca de recursos e invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia; Ley de Segunda Oportunidad; reforma de la LAU para conseguir un equilibrio entre arrendador y arrendatario o bien un procedimiento administrativo más ágil, sin pérdida de garantías para los administrados…
  • Igualmente importante sería la potenciación de medidas para la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social en las diferentes CCAA y entes locales, gestionados con instrumentos públicos, al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE. Dentro de los mismos podrían incluirse aquellas viviendas adquiridas por los bancos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias.
  • Necesidad de garantizar el acceso a los suministros básicos como complemento del derecho a una vivienda digna.
  • Importante sería el establecer una estrategia pública de rehabilitación con especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados así como la renovación de viviendas y edificios.
  • Uso de nuevas fórmulas alternativas a la propiedad o el alquiler, en materia habitacional: viviendas colaborativas o “cohousing”; uso temporal de la vivienda a largo plazo; derecho de superficie, etc.
  • Apuesta decidida por un aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB, priorizando la vivienda pública.
  • Aumento del papel de las entidades del tercer sector y otras empresas sociales de beneficio limitado, dotándolas de recursos para ejercer sus funciones: beneficios fiscales, derecho preferente sobre adjudicaciones públicas de suelo, etc.