La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, ha asegurado que el diálogo social y la participación del conjunto de la sociedad son imprescindibles en el camino hacia la Transición Justa. Asimismo, ha reclamado la acción concertada de Gobierno, comunidades autónomas y Ayuntamientos para configurar un plan de recolocación de empleo para las personas trabajadoras afectadas por la transición energética.

En el marco de la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra estos días en , la ministra Valerio ha presentado el panel de discusión: “Principales lecciones aprendidas para la reconversión de las regiones del Carbón”, en el que participaron representantes de los sindicatos y empresas ligados a la minería, asociaciones ligadas al sector.

En su intervención, la ministra ha recordado que España ha sido pionera en el diseño de una Estrategia de Transición Justa que incorpora soluciones solidarias “sin dejar a nadie atrás” y que garantiza la cohesión social. Un camino, ha dicho, en el que la protección social de las personas trabajadoras afectadas es “clave”. En este sentido, los trabajadores y trabajadoras de más edad que pierdan su empleo pueden acceder a prejubilaciones; mientras que las personas más jóvenes tendrán derecho a indemnizaciones que les permitan transitar a otros empleos. Además, la ministra ha explicado que se está trabajando ya en el diseño de planes específicos para generar empleo a corto y medio plazo que se cumplimentarán con un plan de recolocación, que “exige” la acción concertada de Gobierno, comunidades autónomas y Ayuntamiento”.

Una planificación que se combina con las políticas activas de empleo y los planes ya existentes como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, el Plan Reincorpora-T, a Estrategia española de activación para el empleo y los Planes Anuales de Empleo, junto a las comunidades autónomas.

“Actuaremos para potenciar los nuevos emprendimientos, para luchar contra la despoblación de las zonas rurales y generar actividad y empleo en los territorios afectados”, ha afirmado

Convenios de Transición participativos

Valerio se ha centrado en los convenios como herramientas de desarrollo de la Estrategia de Transición Justa. “Buscamos que los convenios fomenten la participación de organizaciones empresariales y sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de Acción Local y otras entidades interesadas o afectadas”.

La experiencia en España demuestra que la acción coordinada puede generar acuerdos como el Acuerdo Marco de Desarrollo Sostenible para Comarcas Mineras, firmado por el , sindicatos y empresarios del carbón (octubre 2018), que contiene una batería de medidas de apoyo inmediato a los trabajadores de la minería, activación para la concesión de ayudas a los municipios mineros del marco 2013-2030 y financiación a corto plazo.

La ministra en funciones ha recordado que los Convenios de Transición Justa están recogidos en la propuesta de la Estrategia de Transición Justa y en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y ha avanzado que ya se está trabajando en diversos convenios con las comunidades autónomas de , y y , que se firmarán en los primeros meses de 2020.

Se trata, ha dicho, de un “marco estratégico común” que tiene como objetivo aprovechar los recursos económicos, sociales o ambientales propios del territorio, que atraigan inversiones externas, en aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social”. El objetivo es evitar la despoblación de los territorios afectados por la transición energética.

Valerio ha finalizado su discurso recordando que es “obligación” del Gobierno “invertir en las capacidades de las personas” a través de la formación y apoyando las transiciones que deben afrontar; “invertir en instituciones de trabajo” que garanticen un futuro del empleo con “libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad, que conforman las piedras angulares de las sociedades justas”; y por último, “incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible, para ajustar la política económica y social a la práctica empresarial, al empleo decente y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”.