Según el auto, recogido por , la ilegalidad investigada consistiría en prescindir del preceptivo concurso competitivo enmascarando, de este modo, la asignación indebida de un contrato de prestación de servicios.

El juzgado, sin embargo, considera que “no hay indicios racionales de criminalidad, por lo que no queda sino archivar el procedimiento en los términos previstos”.

“Los requisitos de la prevaricación administrativa son muy exigentes. Tanto es así, que la conducta únicamente será típica si la decisión controvertida carece de cualquier lectura racional en Derecho, lo que no sucede en este caso”, argumenta.

“TODO SE HIZO CON CRITERIOS TÉCNICOS”

El alcalde, José Luis Blanco, ha asegurado al respecto que con este pronunciamiento “se corrobora que la totalidad de las actuaciones se han hecho conforme a lo informado por los técnicos y de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

“Es mi deseo expreso agradecer a los siete concejales de mi equipo de Gobierno que me han prestado su apoyo incondicional durante toda la instrucción del caso, así como a alcaldes y concejales del Consorcio que siempre confiaron en mi buen hacer en torno a este asunto”, ha añadido en un comunicado.

Además, Blanco lamenta “profundamente” las declaraciones realizadas por compañeros de su propio partido “intentando sembrar sombras de sospecha”.

El primer edil azudense considera que se ha dañado su honor, algo que asume “como parte de la actividad pública” que él mismo ha decidido ejercer. “Pero lamento la indefensión que sufrimos ante la exposición mediática y social a la que nos somete el sistema, sin tener en cuenta en muchos casos el derecho fundamental de la presunción de inocencia”, ha agregado.