La misma Sala de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la CNMC al por restricción de la competencia en los Servicios de al considerar que la multa no es conforme a derecho.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del ; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio, según informa la Abogacía en un comunicado.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

COMPONENTE PÚBLICO DEL SERVICIO

Las sentencias —que condenan en costas a la CNMC— respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del al considerar que la “prestación del se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

SENTENCIA DEL TSJPV

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en en los turnos de oficio y asistencia al detenido de , y .

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50 por ciento de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Estas dos sentencias se suman a la del que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita.