El tendrá que brindar asesoramiento y poner a disposición de las familias residentes desde su primera adjudicación en los pisos de las Conferencias San Vicente de Paúl toda la documentación que obra en su poder para que estas personas puedan defender sus derechos de propiedad en relación. A ello le obliga una moción del Grupo Socialista, aprobada por el pleno municipal, pese a la furibunda negativa del alcalde a ponerse al lado de estas familias. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de los concejales de PSOE y Ahora Guadalajara (12), la abstención de Ciudadanos (2) y la oposición del PP (11).

El Grupo Socialista ha incorporado a la moción un reconocimiento a la labor social que realizan en Guadalajara los voluntarios y voluntarias de la Conferencia San Vicente de Paúl, al que el PP ha terminado votando en contra.

Durante su intervención, el portavoz municipal socialista, , ha puesto de manifiesto que “es de justicia aclarar la situación jurídica de las viviendas y de las familias que residen en ellas desde su adjudicación” y que “el alcalde no puede ocultarles esa información escondiéndose tras la excusa de no ser competencia municipal, porque sí es de su incumbencia y además el Ayuntamiento presume de tener oficinas o departamentos sobre materias que son competencia de otras administraciones, como la Oficina de Empleo y Desarrollo”.

Jiménez ha recordado que las viviendas fueron construidas, en solares cedidos por la condesa viuda de Romanones, con dinero público para familias necesitadas, algunas de las cuales llevan residiendo en esos pisos desde hace 56 años y pagando una cuota mensual que en un principio fue de 150 pesetas. En el contrato de previsto de adjudicación se estipulaba que tras pagar las cuotas durante los años correspondientes, los adjudicatarios liquidaban un préstamo y obtendrían la propiedad de sus viviendas.

“¿Dónde ponía, en cambio, que las Conferencias empezaran a cobrar cuota ninguna a esas familias adjudicatarias por sorteo público, o que tuvieran ese derecho otras organizaciones que también han cobrado a los inquilinos de unas viviendas que eran para pobres?”, ha preguntado el portavoz socialista.

“La situación actual es que 96 familias de Guadalajara deberían tener una vivienda en propiedad y lo que hay es un problema social en esa zona de la ciudad”, ha continuado Jiménez, porque “nadie ha movido un dedo para que consiguieran esa propiedad, ni ha hecho nada en sus once años como alcalde para ayudar a esas familias a conocer su situación jurídica”.

Por ello, ha insistido en que “esta moción lo único que pide es que se ponga a disposición de las familias que obtuvieron la adjudicación de estas viviendas hace 56 años toda la información que necesitan” y ha instado al alcalde a “pedir al , que fue el que gestionó, financió en su mayor parte y adjudicó estas viviendas, todo el expediente relativo a las mismas, para conocer la verdad de la Operación Alamín”.

Daniel Jiménez ha recordado que hay otros barrios de Guadalajara, en los que también se construyeron viviendas públicas para familias con pocos recursos, como la Colonia Sanz Vázquez, Manantiales y La Gavina, promovidas por el Ayuntamiento, en las que los adjudicatarios sí obtuvieron la propiedad de esas casas.