La diputada regional Carolina Hernández ha valorado la reciente sentencia del sobre la Ley 4/2011 de Empleo Público promulgada por el anterior gobierno de la región presidido por el socialista . La diputada regional por Guadalajara subraya que “Estamos ante la máxima sanción jurídica impuesta a un gobierno del por un acto administrativo”.

A juicio de la diputada regional del PP por Guadalajara “el PSOE ha despreciado a las instituciones de la región, también a sus  servicios jurídicos y a los letrados de la Administración de Castilla-La Mancha, así como la normativa estatal de Empleo Público”

La sentencia reconoce la posible inconstitucionalidad de la Ley de Empleo Público promulgada por el gobierno socialista y avala el procedimiento selectivo para la promoción interna de los empleados públicos “es decir, que los funcionarios sean nombrados por su profesionalidad y no por amiguismo como pretendía el Partido Socialista”, afirma Carolina Hernández.

“Grosería y Gravedad de las infracciones”

Carolina Hernández subraya que “el PSOE cambió la norma a su antojo para cuadrar sus intereses particulares y partidistas de forma tan descarada que la propia sentencia lo recoge textualmente señalando que la ilegalidad cometida alcanza el rango de nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo común dada la GROSERÍA y la GRAVEDAD de las infracciones procedimentales producidas”.

Esta sentencia nace del recurso contra la Ley de Empleo Público interpuesto por la contra el de la Junta gobernada entonces por el Partido Socialista. Este Consejo de Gobierno había presentado en diciembre de 2010 ante las Cortes de la región un texto del Proyecto de Ley de Empleo Público para su debate y votación “que habían cambiado respecto al informado por el y Social de Castilla-La Mancha y por el ”.

En una parte de la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha se subraya que el texto había sufrido modificaciones “con alteraciones que no tenían como objetivo adaptarlo a las recomendaciones del Consejo Consultivo; es más, en realidad las modificaciones, paradójicamente, lo que hacían era extender a nuevos supuestos una regulación que justamente el Consejo Consultivo había desautorizado por ser posiblemente inconstitucional”.

La diputada regional continua citando textualmente la sentencia: “resulta innegable que a cualquier observador jurídico debe producirle una sensación de perpleja desazón observar cómo observar como despliega sus efectos en el mundo jurídico una ley en cuyo proceso de elaboración en la fase de Proyecto, se despreciaron de forma tan FLAGRANTE las reglas legales de obligada aplicación”.

Carolina Hernández fija la postura del PP en este sentido señalando que “desde el Grupo Parlamentario Popular condenamos este hecho por la gravedad del asunto y la ilegalidad cometida por el anterior gobierno socialista de la región así como mostramos nuestra indignación por la falta de responsabilidad de los entonces miembros del Consejo de Gobierno Socialista”. La diputada regional señaló también que el PP “muestra su máximo respeto a la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha y, sobre todo, su apoyo al cuerpo de funcionarios por su profesionalidad y, en concreto, al servicio jurídico de la Administración Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.