Entre estos diez ejes estratégicos, el Comité de las Regiones aboga por impulsar las consultas ciudadanas para “reforzar el vínculo entre la Unión Europea y sus ciudadanos” aumentando el número de canales de participación democrática; propone dotar a la Unión de un “presupuesto ambicioso capaz de afrontar los retos que se avecinan”; y “concienciar a los ciudadanos de la UE, en especial a los jóvenes, sobre la dimensión europea de su identidad y ciudadanía a través de políticas de educación, cultura y capacitación de los jóvenes”.

Del mismo modo, sugiere esta declaración una mayor cooperación y participación activa y equitativa de todos los niveles de gobierno en un “espíritu de confianza”; que las decisiones reflejen el valor añadido europeo y se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de forma plenamente responsable, eficaz y transparente; o impulsar una mayor descentralización y un mejor reparto de competencias como “elementos esenciales de la buena gobernanza” ya que aumentan la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la elaboración de las políticas.

Consideran los miembros del Comité de las Regiones que las regiones y las ciudades “están a la vanguardia de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deberían convertirse en el modelo económico general a largo plazo de la UE y suceder a la Estrategia Europa 2020”.

Otra propuesta pasa por que el mercado único debe complementarse con políticas que garanticen tanto las libertades del mercado único para todos como la equidad y la justicia social, además de que “es preciso reforzar la dimensión social de la UE para que los derechos sociales puedan equipararse a los derechos económicos”.

“El éxito de las políticas europeas de inclusión social y, en particular, de las políticas de integración de los migrantes no será posible si los entes locales y regionales no disponen de los medios apropiados y no tienen acceso directo a una financiación de la UE adecuada”, reza el decálogo de la ‘Declaración de Bucarest’.

Además, apunta el Comité que la política de cohesión, especialmente a través de la cooperación territorial europea, ha demostrado su valor añadido para la UE y debería mantenerse más allá de 2020 para todas las regiones, partiendo de un enfoque de base local, asociaciones europeas, gestión compartida y gobernanza multinivel.

“El nivel de inversión pública en la UE sigue siendo excesivamente reducido para proporcionar infraestructura y servicios públicos adecuados”, opina el Comité de las Regiones, por lo que propone “colmar la brecha de inversión pública”.