Según explica el Ejecutivo, las zonas de interés para la Defensa Nacional tienen por objetivo la salvaguardia de los intereses de la Defensa Nacional, asegurando la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones.

La conveniencia de la declaración de esta zona obedece, fundamentalmente, a la relación entre la legislación sobre de grandes espacios naturales, la ordenación urbanística y las necesidades militares en materia de acuartelamientos y bases, con considerables espacios para maniobras y adiestramiento.

Según argumenta, la aprobación de los Reales Decretos obedece a la relación entre la legislación sobre protección ambiental de grandes espacios naturales y las necesidades militares en materia de Bases con campos de maniobras y adiestramiento.

Esta relación conlleva la concurrencia sobre un mismo espacio físico de títulos competenciales diferentes (Defensa Nacional y Protección Ambiental) y atribuidos a distintas Administraciones (Administración General del Estado- y administraciones autonómicas) e implica la necesidad de evitar el peligro de que las restricciones de uso de todo tipo de esos espacios por razones de protección ambiental anulen o menoscaben gravemente la operatividad de los campos de maniobras militares.

Así, con estos Reales Decretos aprobados en las zonas declaradas se considerará prioritario el interés de la Defensa Nacional aunque ello no impide garantizar la protección medio ambiental, imponiendo la obligación de interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de las Fuerzas Armadas de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de las propiedades afectadas, que incluye sólo los terrenos de titularidad estatal adscritos a la Defensa Nacional.