Este lunes se ha ejecutado un desahucio en una vivienda de Guadalajara —perteneciente a una entidad bancaria— que ha afectado a una joven con un 66 por ciento de discapacidad y que sufre una cardiopatía, que ha debido ser trasladada al hospital por una crisis de ansiedad.

Su abogado y militante de la Plataforma de por la Hipoteca de Guadalajara, Diego Herchoren, ha señalado que este desahucio supone la “violación” de un derecho humano reconocido internacionalmente por una resolución de la y ha anunciado que seguirán en el proceso de alegaciones a esta decisión.

Por su parte, el diputado de Podemos, , que ha participado en la acción organizada por la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara para evitar que esta persona fuera desahuciada, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que se ha perpetrado un “desahucio ilegal” contra esta persona.

Llorente ha insistido en que este desahucio ejecutado por la Policía es “contrario a los derechos humanos” pues en este caso concreto, la ONU había comunicado al Estado que el desahucio “no se podía producir” salvo que hubiera una vivienda alternativa.

Tras el desahucio, el grupo de personas que han intentado evitarlo ha sido identificado por los agentes, unos 30 con un amplio despliegue, según Llorente, que ha añadido que después de ser identificados probablemente sean sancionados.

El diputado regional de Podemos ha señalado que el Gobierno autonómico, a pesar de no ser el organismo que ordena el desahucio, debería proporcionar una vivienda aunque sea “a posteriori”, pues esta mujer se encuentra en un estado de “vulnerabilidad sanitaria total”.

De su lado, el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, , que ha estado presente durante el desahucio, ha señalado que este les deja una sensación de “indignación” porque no se está respetando el derecho internacional.

No obstante, este responsable ha reconocido también el apoyo por parte de la sociedad frente a situación que ha calificado como “injusta” y confía en que se ofrezca a la joven una vivienda alternativa desde la Junta dado que se trata de una mujer sin recursos y con una discapacidad.

LA JUNTA ASEGURA QUE HA FACILITADO ALTERNATIVAS

Mientras, el Gobierno regional ha señalado, a través de un comunicado, que desde la Dirección Provincial de Bienestar Social se han facilitado desde el primer momento diferentes alternativas, pero que la interesada no ha aceptado “ninguna” hasta la fecha.

Entre ellas, ha mencionado “una ayuda de emergencia social que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada, alojamiento temporal para situaciones de emergencia social o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones”.

Asimismo, la Junta ha remarcado que este desalojo de la vivienda, situada en la calle 2, bajo B, de Guadalajara, ordenado por el Juzgado número 1 de esta ciudad, no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica.

“Es el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda y determinado por el juzgado, una vez analizada la situación de la persona que habita el inmueble, que no está en posesión de título alguno ni de propiedad ni de alquiler de la vivienda”, ha afirmado.

La circunstancia de ocupación de la vivienda de “manera irregular” impide a la Administración otorgarle una solución habitacional definitiva, ha comentado el Gobierno regional, que ha añadido que existe un registro de demandantes de vivienda social que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas, por lo que “la Administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria”.

Además de las alternativas anteriormente citadas, desde la Dirección Provincial de Bienestar Social han propuesto la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara “para buscar todo el apoyo familiar y social posible, de tal manera que esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral”.

De todos los pasos y alternativas ofertadas se ha dado traslado tanto al Juzgado como a la Abogacía del Estado con el objeto de que, una vez producido el desalojo, “la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada”.

ROMÁN RECUERDA QUE LA COMPETENCIA ES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Desde el Ayuntamiento el alcalde, , ha recordado, a preguntas de los medios en un acto en la capital, que la competencia en materia de vivienda es de la Comunidad Autónoma, que es la que tiene las herramientas de mediación también en el área de viviendas sociales.

Pese a ello, el alcalde ha precisado que el Consistorio estará siempre “al lado de los más débiles” en el apartado de emergencia, aunque ha reiterado que la solución debe venir del Gobierno regional, reconociendo que “a veces, es un elefante demasiado lento” a la hora de trabajar en los aspectos que afectan a las personas.